La ponente es Lidia Carina Alvarado Maldonado e interpuso el recurso a título personal, según el documento, presentado al Tribunal dirigido al Pleno de Magistrados, quien argumenta que la candidata no es idónea y presenta falta de honradez.
El recurso presentado este 25 de febrero, busca que se anule la inscripción de Shirley Joanna Rivera Zaldaña en la primera casilla de la Lista de candidatos a diputados Distritales del Departamento de Guatemala para el Congreso de la República declarada procedente en la resolución del Registro de Ciudadanos PE-DGRC-29-2023, del 27 de enero del 2023 y que fue publicada el 22 de febrero en el sitio electrónico del TSE.
Según expone en dicho recurso la ponente Rivera no cumple con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política ya que no es idónea para desempeñar el cargo al cual se les postula ya que con su conducta inapropiada, mancilla la investidura de diputada y del cargo de Presidente del Congreso, presentándose como una persona de fe, temerosa de Dios pero que en realidad es de doble moral, por lo que, según se agrega en el documento, incumple con varios mandamiento de la Biblia.
Además, se expone que debido a su relación afectiva con el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, Rivera ha usado el poder que da su cargo para que por medio de presión a funcionarios de otras instituciones se facilite la gestión y entrega de proyectos e insumos a dicha municipalidad, violando el principio de igualdad para otros alcaldes.
Se cita además que llevando a la Junta Directiva del Congreso al lugar del socavamiento de la carreta de Villa Nueva a mediados del año pasado, generó las condiciones y las facilidades para contar con recursos Estatales en dicho municipio para rellenar el agujero que se abrió con el socavamiento, y que se duda de la forma de uso de esos fondos.
También se menciona en el documento que para llegar al cargo de presidente del Congreso, ha incurrido en prácticas indebidas e incluso delictuosas para lograr los votos necesarios para elegirse en ese cargo.
Se agrega que comete abuso de poder con malas prácticas parlamentarias vedando el derecho de la palabra a los diputados de oposición en las sesiones plenarias, y efectuando una especie de veto a las iniciativas para que no sean conocidas en el pleno, siendo más de 300 iniciativas las que no se conocen.
.
