Al menos 40 casos de abusos han sido registrados en El Salvador durante el régimen de excepción decretado a finales de marzo para controlar una escala de violencia atribuida a las pandillas y bajo el cual se ha detenido a miles de supuestos pandilleros y personas vinculadas a dichas estructuras.
De acuerdo con un informe elaborado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal (El Salvador), dado a conocer este lunes 2 de mayo, un número creciente de evidencias que indican las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción el 27 de marzo.
Las entidades señalaron en el documento que han recibido denuncias creíbles de decenas de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.
Detallaron que, desde el 25 de marzo, policías y soldados han realizado decenas de redadas, sobre todo en comunidades de bajos recursos, durante las cuales han detenido a miles de personas.
En 34 de los 40 casos de abusos sobre los que Cristosal y Human Rights Watch documentaron evidencias de primera mano, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle, apuntaron.
En 20 casos, según las fuentes, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.
En 12 de los 40 casos, testigos vieron a agentes de las fuerzas de seguridad tomar fotografías de las personas al momento de la detención y en 5 casos los testigos indicaron que policías o soldados habían golpeado a las personas mientras estaban siendo detenidas, señalaron.
Las organizaciones apuntaron que en la mayoría de los casos los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos.
“Cuando las autoridades se niegan a reconocer una detención u ocultan el paradero de una persona bajo su custodia, independientemente del tiempo que transcurra, ello constituye una desaparición forzada, la cual está prohibida por el derecho internacional, incluso durante estados de emergencia”, enfatizaron.
Además, HRW y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia.
Medios de comunicación salvadoreños han informado sobre tres casos adicionales, añadieron.
Las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de realizar investigaciones exhaustivas, oportunas e independientes sobre abusos y muertes ocurridas bajo custodia, señalaron.
No obstante, las investigaciones enfrentan obstáculos enormes, sino infranqueables, considerando el gran número de personas detenidas y que prácticamente no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al poder Ejecutivo en El Salvador, agregaron.
“La forma de prevenir estos abusos es poner fin al régimen de excepción, garantizar los derechos al debido proceso y respetar la independencia de jueces y fiscales”, señaló Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW.
El Salvador se encuentra bajo de régimen de excepción, implementado por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido a los ciudadanos varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.
Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
