MP solicita el retiro de la inmunidad del magistrado Rolando Montenegro Molina
Magistrado suplente de la Corte de Apelaciones podría ser investigado por supuestamente estar implicado en un caso de corrupción.
La Fiscalía contra la Corrupción presentó este jueves 17 de agosto una solicitud de retiro de antejuicio en contra del magistrado suplente de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados, Óscar Rolando Montenegro Molina, por la supuesta comisión de los delitos de fraude y tráfico de influencias en el caso de corrupción denominado Hospital de Chimaltenango.
El Ministerio Público (MP) señaló que “según la investigación preliminar, Montenegro Molina, desempeñándose como magistrado suplente de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales Colegiados de igual categoría habría intervenido en procesos de compra usando artificio para defraudar al Estado de Guatemala”.
Por lo anterior, la Fiscalía contra la Corrupción presentó una solicitud de retiro de antejuicio en su contra “por la supuesta comisión de los delitos de fraude y tráfico de influencias”.
Agrega que “para ello se habría enrolado como contratista por la realización de servicios profesionales a favor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”.
El MP añade que el magistrado Montenegro Molina “realizó acciones para favorecer a la empresa Voltar Intermedia Sociedad Anónima al presionar e influir a trabajadores de dicho ministerio para realizar compras directas desde el 21 al 23 de diciembre de 2022 relacionadas con equipamiento del nuevo hospital Nacional de Chimaltenango por un monto de Q67 millones 909 mil 441”.
“Se determinó que el personal habría sido citado a reunión el 21 de diciembre de 2022 a la que asistió Montenegro Molina y se les indicó que debían realizar las gestiones necesarias para dotar de mobiliario y equipo al hospital, por lo cual debían colaborar con el personal que se encargaría de realizar todos los registros en los sistemas Guatecompras, SIGES Y SICOIN, para realizar la adjudicación a la entidad mercantil denominada Voltar Intermedia, Sociedad Anónima”, refiere el MP.
La Fiscalía también agregó que “dichas acciones devinieron en la entrega parcial y en malas condiciones del equipo al Hospital Nacional de Chimaltenango, estimando el fraude por un total de Q67 millones 909 mil 441”.
Íconos de la corrupción en Guatemala
El hospital de Chimaltenango, el más moderno de Guatemala, fue donado por Taiwán, pero su equipamiento costó US$10 millones más de lo previsto debido a compras a sobreprecio hechas por funcionarios corruptos coludidos con empresarios, según recoge un cable de la agencia de noticias AFP.
Entre las compras, los encargados del hospital pagaron US$10 mil por cada una de 87 sillas de masajes que costaban apenas US$1 mil.
Para equipar el hospital inaugurado el pasado 3 de abril por la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, sus jefes contrataron como intermediaria a una firma que carecía de experiencia. Había sido creada meses antes con un capital de solo US$625 dólares, aparentemente con el único fin de intervenir en este suculento negocio.
Este escenario ha causado que Guatemala figure entre los 30 países más corruptos del mundo, según la ONG Transparencia Internacional.
Además, la corrupción y la pobreza empuja a miles de guatemaltecos a emigrar en masa en busca del sueño estadounidense.
Nadie sabe cuántos guatemaltecos emigran. Las únicas cifras disponibles son las de quienes regresan al país deportados: 28 mil 568 este año desde Estados Unidos y 13 mil 778 desde México, según Migración de Guatemala.
Adiós Cicig
En 2007, en un intento por acabar con la corrupción endémica y la impunidad de los funcionarios corruptos, el entonces presidente, Óscar Berger, creó la Cicig, una suerte de fiscalía paralela avalada por la ONU, que comenzó a investigar sonados casos de corrupción.
La Cicig reveló una red de fraudes en la aduana, lo que provocó en 2015 a la renuncia del presidente Otto Pérez, quien ahora purga una condena de 16 años de prisión por este caso.
La caída de Pérez levantó esperanzas de cambio entre los guatemaltecos, pero su sucesor, Jimmy Morales, cerró la Cicig en 2019 y todo volvió a ser como antes.
Después, bajo el gobierno de Giammattei, la fiscal Porras organizó una caza de brujas contra antiguos funcionarios de la Cicig y de la propia Fiscalía: una treintena están presos o en el exilio.