MP revela 6 puntos sobre proceso relacionado al caso Toma de la Usac

Luego de que el Ministerio Público (MP) presentara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pedido para retirarle la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y mientras se desarrolla la audiencia de primera declaración de las personas que fueron detenidas por el caso Toma de la Usac, Botín Político, la Fiscalía justificó sus acciones con seis puntos que publicó en redes sociales.

Sin equipo de sonido y con acceso limitado a los medios de comunicación, se desarrolló este lunes 21 de noviembre la audiencia de primera declaración de los seis detenidos, entre ellas la excandidata a diputada por Semilla, Marcela Blanco, por el caso Toma de la Usac, Botín Político, un proceso duramente criticado a escala nacional e internacional.

Por este caso, Más de 20 personas tienen orden de captura y hubo más de 30 allanamientos la semana pasada bajo la orden del juez décimo víctor cruz, incluido en una lista de actores antidemocráticos de EE. UU.

El MP involucró el jueves pasado a Arévalo y a Herrera en una investigación por daños en la ocupación de la Universidad de San Carlos en 2022, y anunció que pediría privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos para procesarlos penalmente.

La Fiscalía “presentó seis solicitudes para el trámite de las diligencias de retiro de antejuicio en contra de seis personas”, indicó el ente en la red social X (antes Twitter).

El listado es encabezado por Arévalo y Herrera junto al diputado Samuel Pérez y uno electo de su partido Semilla, además de otros dos congresistas opositores. La medida fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA.

La Fiscalía agregó “usurpación agravada” y “sedición” a la lista de delitos con los que señala al presidente electo, que incluye “depredación de bienes culturales”, al tiempo que eliminó sus acusaciones previas de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Sin embargo, el MP publicó en sus redes sociales una lista de seis puntos, con lo que pretende explicar el caso.

De acuerdo con el MP, en el 2022, la Universidad de San Carlos presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios, por lo cual, “como en todos los casos, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos denunciados para averiguar la verdad y dar respuesta a las víctimas y agraviados”.

El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la Universidad de San Carlos durante los 385 días que estuvo tomada. La Fiscalía agrega que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.

Además, refiere que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.

También señala que, como parte de las investigaciones, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la realización de un peritaje lingüístico, “el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”.

Agrega que, dentro de la investigación fueron autorizadas 31 diligencias de allanamiento y 27 órdenes de captura y, de acuerdo con ley, “se solicitaron los antejuicios correspondientes para que, si se declara con lugar, iniciar con las investigaciones correspondientes por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita, al advertir que, dichas personas, deliberadamente, estuvieron presentes, participaron e incitaron abiertamente la toma ilegal de la referida universidad”.

Asimismo, el MP detalla que con esta investigación se estima que, 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la casa de estudios durante más de un año, por lo cual, “los estudiantes afectados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos”.