Los seis detenidos por el caso Toma Usac: Botín Político fueron imputados este miércoles 23 de noviembre por el Ministerio Público (MP) por los hechos relacionados por la toma de la Universidad de San Carlos en 2022 en rechazo a la elección del rector de esa casa de estudios, Walter Mazariegos, un proceso que alcanza al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, informaron fuentes judiciales.
El juez Décimo Penal, Víctor Cruz, sancionado por EE. UU., escuchó la imputación de los fiscales del MP y luego de una larga jornada del segundo día de audiencia de primera declaración determinó suspender la diligencia y la reprogramó para el viernes 24 de noviembre a las 11.30 horas.
La Fiscalía fundamentó la imputación contra los seis señalados con videos y publicaciones que se hicieron en redes sociales. “Se denota odio contra Walter Mazariegos”, dijo el fiscal ante el juez en relación con la toma de la Usac a raíz de la oposición por la elección de Mazariegos.
El fiscal a cargo también dijo que “se establece una calara relación de interés político de los partidos políticos en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (…) para liberarla a 11 días de los comicios generales”.
Los imputados por la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras Argueta, son Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.
Los delitos que se les atribuyen son usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Además, en este mismo proceso, el MP solicitó el retiro de la inmunidad del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como a dos diputados del Movimiento Semilla, a quienes busca investigar y procesar.
Respecto a la audiencia de este miércoles, Velásquez Carrera señaló que las imputaciones que hizo el MP son en forma general y que las jornadas han sido extensas y no han tenido la oportunidad de declarar.
“Fueron jornadas muy largas en donde solo tuvo uso de la palabra el fiscal del MP y, en consecuencia, hasta el viernes tendremos la oportunidad de poder expresarnos en cuanto a estas acusaciones”, dijo el catedrático universitario.
Señaló que como profesor no pensó estar implicado en un caso como este, pues su trabajo ha sido enseñar, tanto en Guatemala como en otros países.
“Entendemos que es una venganza política porque nosotros como profesores, estudiantes y trabajadores denunciamos el escandaloso fraude electoral que pasó en la Universidad de San Carlos, violando totalmente la autonomía universitaria”, refirió Velásquez.
Agregó que en su momento los colegios profesionales y cuerpos electorales presentaron amparos contra los resultados electorales, pero estos no han sido resueltos.
“Si el proceso de justicia no funciona en el país, definitivamente la ciudadanía se queda amarrada de pies y manos”, dijo Velásquez.
Arévalo de León calificó este caso como un nuevo intento de la Fiscalía para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero, y lamentó que se esté deteniendo a “personas inocentes”.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha judicializado el proceso electoral de Guatemala. Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”.
