Mirador Electoral presenta amparo ante amenaza al proceso electoral 2023 y dice que hay “riesgo” contra las elecciones
Mirador Electoral señala que acciones de algunos funcionarios están afectando la estabilidad institucional y democrática del Estado de Guatemala.
Mirador Electoral, integrado por varias organizaciones, presentó este viernes 21 de julio una acción de amparo por la amenaza en contra del proceso electoral 2023 y las acciones contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El presidente de Acción Ciudadana (AC), Eddie Cux, indicó que como organización están “preocupados por la situación tan difícil que atravesando el país”.
Mencionó la acción del TSE que presentó un amparo contra varios funcionarios del Ejecutivo, Organismo Judicial y del Ministerio Público, por lo que con este amparo apoyan la decisión del Tribunal.
Señaló que apoyan porque creen que existe “un riesgo y una amenaza” clara e inminente en contra de las elecciones, en contra de la institucionalidad del TSE, y en contra del principio de alternancia que garantiza la Constitución.
Según Cux, la Corte de Constitucionalidad no ha dejado claro cómo quedan las acciones que está haciendo el Ministerio Público en torno al proceso electoral.
“El propósito del amparo es prácticamente solicitar que las autoridades en general del Ejecutivo, la Policía Nacional Civil, especialmente las autoridades del Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y el juez Fredy Orellana se abstengan de decisiones y de órdenes que se opongan al principio de alternabilidad y que respeten el acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral, es decir la segunda vuelta, que no se suspenda ni se cancele ningún partido”, agregó.
También pidieron que el MP se abstenga de hacer allanamientos que no tienen fundamento legal y que al momento de secuestrar documentos lo pueden hacer por medio de una solicitud para no dar lugar a una desestabilización con este tipo de acciones.
Consideran que podría resultar ilegal que el juez certificara lo conducente en contra del registrador de ciudadanos y contra la persona que ahora funge en el cargo y que tiene inmunidad.
“Le planteamos a la Corte de Constitucionalidad que se plante en ese sentido en el que estas autoridades se abstengan de realizar este tipo de acciones ilegales”, añadió.
Indicó que han presentado querellas contra el referido juez, contra la fiscal Consuelo Porras, y contra el fiscal Rafael Curruchiche.
“Yo creería que lo mínimo que hay que solicitar es la renuncia de estos funcionarios, están afectando la estabilidad institucional y democrática el Estado de Guatemala”, señaló Cux.