Las autoridades ancestrales que se encuentran en protestas desde el pasado 2 de octubre señalaron que los cercos policiales que se instalaron en los alrededores del Congreso de la República desde hace varios días constituyen una violación a los derechos humanos, por lo que presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se le garantice el acceso al Legislativo, donde deben entregar un pliego de peticiones.
En conferencia de prensa, señalaron que tienen el derecho constitucional de manifestarse en todo el país, pero desde hace nueve días intentan reunirse con la Junta Directiva del Congreso, pero los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que rodean el palacio legislativo se los ha impedido, lo que califican de una violación a los derechos de petición y de libre locomoción.
Por lo anterior, los líderes indígenas plantean un amparo ante la CC, el cual espera que sea resulto “cuanto antes”.
“Resulta necesario y urgente otorgar el amparo provisional en virtud que se nos está vedando el derecho a pedir para que la Junta Directiva del Congreso de la Republica nos reciba en su sede Legislativa para presentar nuestros argumentos y entregar la petición de nuestros pueblos y comunidades, para que dicha junta directiva le dé el trámite correspondiente y sea sometida al pleno del Congreso de la República”, detallaron las autoridades ancestrales, quienes no profundizaron sobre las solicitudes que tienen para el Legislativo.
La preocupación de los líderes indígenas es que luego de este jueves 30 noviembre el Congreso ya no podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo tanto, no conocerán sus demandas.
“No entendemos la actitud asumida por la presidenta del Congreso de la República -Shirley Rivera- para no ceder para sostener la reunión pacífica en la sede del Organismo Legislativo”, añadieron.
Señalan que detrás de la negatividad de Rivera “existe racismo y discriminación hacia nuestros pueblos, por lo que pedimos la intervención de la CC para que mediante los mecanismos legales establecidos se nos otorgue el amparo provisional y se suspenda la actitud negativa asumida hasta el momento por la presidenta del Congreso de recibirnos en el Organismo Legislativo”.
Además, detallaron que el objeto del amparo es porque solicitaron que se les deje ingresar al Congreso de la República, pero se les negó el paso.
Añadieron que hay un amparo a favor del Congreso, pero en este “no se dice expresamente que deben de poner vallas metálicas para impedir el ingreso al Congreso, se dice que la PNC debe dar seguridad, pero no bloquear el acceso”, por lo que consideran que hay una violación a los derechos humanos.
“La Junta Directiva del Congreso han incurrido desde hace nueve días en violaciones a los derechos humanos y a la Constitución”.
Aseguran que en estos días hay temas de interés para toda la población que son tratados en el Congreso como la aprobación del presupuesto 2024 y el antejuicio contra los magistrados del TSE.
“Se hace un llamado de alerta nacional, o seguimos en democracia o se nos impone una dictadura. No buscamos violencia ni alteración del orden, llevamos nueve días esperando una respuesta del Congreso, pero se han negado”, agregaron.
Desde el pasado 2 de octubre, miles de personas protestan en contra de las acciones judiciales encaminadas por el Ministerio Público (MP) en contra de los resultados electorales y que, según varios sectores, ponen en riesgo la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo.
Las acciones del MP incluyen la solicitud de retiro de antejuicio de Arévalo y de su vicepresidenta electa, Karin Herrera, quien han calificado esos procesos como un intento de “golpe de Estado”.
