El Juzgado Tercero Pluripersonal Penal levantó la reserva del caso contra la exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Siomara Sosa, y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) Leily Santizo, la cual impedía conocer los detalles de la investigación.
Ahora al expediente judicial podrán acceder todas las partes involucradas en la investigación; además, las audiencias que se desarrollen serán públicas y con presencia de medios de comunicación.
Este caso estuvo con reserva judicial desde febrero pasado, cuando fueron detenidas las exfiscales contra la corrupción.
El Ministerio Público (MP) no dio detalles del proceso y únicamente fueron cuentas anónimas de Twitter que anticiparon los allanamientos y los hechos que la Fiscalía indagaba.
Las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa fueron ligadas a proceso penal el siete de marzo pasado a petición del Ministerio Público (MP) por el delito de colusión, informaron fuentes judiciales.
Ambas fueron parte de procesos de alto impacto que tienen tras las rejas a políticos, empresarios y narcotraficantes que fueron detenidos durante operativos coordinados por dichas instituciones, que marcaron un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Las profesionales fueron ligadas a proceso en el Juzgado Tercero y fueron beneficiadas con arresto domiciliario, pero pagaron una caución económica de Q10 mil.
“Nos ligaron a proceso con un delito menos grave, puesto que el Ministerio público había pedido obstrucción de justicia, pero el juez consideró que no se llenaban los requisitos para este delito tan grave que está tipificado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y nos han dejado únicamente por colusión, un delito menos grave, también nos han otorgado medidas sustitutivas para que nos podamos defender en libertad durante este proceso”, señaló Santizo al concluir la audiencia de esa fecha.
Días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación por los casos que, según su percepción, son parte de un plan de persecución judicial en contra de jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
