La entidad internacional puntualizó en un informe preliminar presentado en su 77 Asamblea General, a la espera de ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa, que el Gobierno guatemalteco también ha evitado la libre recopilación de información.
“El Gobierno limita la información a los medios de comunicación amparándose en la confidencialidad, en especial lo relacionado a la compra de vacunas para combatir la covid-19”, aseveró el informe de la SIP.
El documento detalla además que en el último año existieron “intimidaciones anónimas a través de las redes sociales” y con llamadas telefónicas a periodistas, y también “resoluciones de la Corte Suprema de Justicia” desfavorables para la libertad de expresión.
Específicamente, la SIP condenó que el pasado 27 de septiembre la Corte Suprema de Justicia ordenara iniciar un “caso penal” contra el medio impreso elPeriódico, después de que el matutino publicara evidencias de un caso de corrupción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
El mismo Supremo determinó que no habían indicios de delitos por parte de Porras, sancionada en septiembre por Estados Unidos con el retiro de su visa al acusarla de “obstruir” la justicia en Guatemala en casos de alto impacto.
La SIP enfatizó que dicha sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra elPeriódico “contraviene” el artículo 35 de la Constitución de Guatemala, que apostilla que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos”.
El organismo periodístico internacional también recordó que el pasado 9 de junio fue allanada la casa del periodista José Corado, también de elPeriódico, sin que se conocieran los motivos por parte del Ministerio Público, después de que la policía local “le indicó” al comunicador que no había encontrado ilícitos en su residencia.
Desde 2020 a la fecha han sido asesinados tres periodistas en Guatemala por nexos con su labor, según recuentos de medios locales: Alfonso Guadrón Hernández, en agosto de este año; Bryan Guerra, en marzo de 2020 y Mario Ortega García, en noviembre de 2020.
Guadrón laboraba para un medio de su fundación en el departamento de Chiqumula (este); Guerra trabajaba para el canal de cable TLCOM también en Chiquimula, mientras que Ortega García era propietario del medio San José Total en el departamento de Escuintla (sur).
