La APG contabiliza al menos 135 agresiones contra la Prensa en el segundo año del gobierno de Giammattei

La Asociación Guatemalteca de Periodismo (APG) denunció que durante el segundo año del gobierno de Alejandro Giammattei se registraron 135 agresiones contra comunicadores y medios en el país.

La APG advirtió de que, de acuerdo con el Observatorio de los Periodistas, de esa agrupación, la presente administración “se convierte en el período de gobierno en el que más violaciones, restricciones, ataques y censura contra la prensa se han cometido en Guatemala, con 284 actos hasta la fecha”.

De estos casos es responsable directo el mandatario, por acción u omisión del “alarmante” aumento de la represión contra la prensa, propia de regímenes autoritarios y en donde el respeto a los derechos humanos es nulo.

A través de un comunicado, la agrupación enfatiza que Alejandro Giammattei y sus organismos aliados, principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), se han constituido como “uno de los enemigos de la libertad de expresión y de los derechos humanos” en el país. Ellos han acosado y criminalizado a periodistas y han obstaculizado el acceso a la información pública.

Estos deplorables hechos, sin embargo, no han sido dirigidos solo al periodismo crítico e incómodo a sus intereses, sino también han sido utilizados para amedrentar y perseguir a la ciudadanía que se manifiesta contra ellos, como quedó demostrado en las jornadas del 21 y 28 de noviembre de 2020.

Por mencionar algunos casos, la APG recuerda la censura que un tribunal impuso contra los periodistas Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, directivos del diario La Hora; la persecución de la fiscal general María Consuelo Porras contra José Rubén Zamora, director de elPeriódico; la criminalización contra Juan Luis Font, de Con Criterio; o el acoso de policías contra periodistas, principalmente mujeres, que cubrían una manifestación de movimientos indígenas contra el gobernante.

La Asociación cita otros casos de prensa comunitaria en los que policías y soldados “como vulgares delincuentes” han agredido, amenazado y hasta retenido a periodistas sin importarles sus credenciales como tales en varias localidades de la provincia del país.

La misiva de la agrupación periodística también advierte de que estos actos de acoso y represión podrían incrementarse y agudizarse en los próximos días, debido a la sumisión de la fiscal general, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como los de la Corte de Constitucionalidad hacia Giammattei.

“De los casos registrados en 2021 por el Observatorio de los Periodistas de la APG, en 53 están relacionadas autoridades de distintos niveles. De estos, en 43 están involucrados funcionarios o empleados del MP, Presidencia, OJ, Congreso, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC). Asimismo, las fuerzas de seguridad estuvieron relacionados en 12 casos”, resalta la APG.

A esto se suman ataques a portales de noticias, amenazas anónimas, clonación de páginas de medios serios, campañas de desprestigio en redes sociales y denuncias masivas a publicaciones de investigación.

“Durante el 2021, el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 19 campañas de difamación en contra de medios y periodistas, las cuales ocurrían durante o después de la publicación de notas que hacían referencia a funcionarios estatales o personajes allegados a estos”, dice la misiva.

Todas estas acciones encabezadas por Giammattei, enfatiza la APG, “encaminan peligrosamente a Guatemala a convertirse en un estado autoritario donde no existen las mínimas garantías para ejercer la libertad de expresión y la intolerancia, censura y violencia, hasta alcanzar niveles como los experimentados en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega.

Demandas

Ante esto, la APG mantiene su demanda de que la fiscal general, María Consuelo Porras, presente de manera inmediata e irrevocable su renuncia. “Una persona sin ningún nivel de credibilidad y desprestigiada a nivel local e internacional no puede ni debe continuar en el importante puesto que ostenta y el cual mantiene gracias a su servilismo incondicional al presidente Giammattei y a distintos diputados en el Congreso de la República”.

A la CSJ se le exige que cese cualquier acción o intento de de criminalización sin fundamento hacia los periodistas y pide a los tribunales no prestarse a la manipulación de las leyes para ejercer la censura.

Exhorta a la Procuraduría de Derechos Humanos a continuar con el acompañamiento y apoyo que ha brindado por medio de la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“La APG considera fundamental la construcción del Programa de Protección a Periodistas, sin embargo, reitera que en estos momentos no existen las condiciones para que dicho esfuerzo sea abanderado, ni por un gobierno violador de la libertad de expresión, ni por un Congreso de la República corrupto”, dice el texto.

Finalmente, la agrupación insta a la comunidad internacional, países amigos y organizaciones internacionales de derechos humanos a continuar vigilando la precaria situación de derechos humanos que se vive en el país, y ante el aumento de la persecución, criminalización, censura o aprobación de leyes regresivas durante los dos últimos años del gobierno de Alejandro Giammattei.

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— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) January 10, 2022