La jueza de Mayor Riesgo D Erika Aifán ordenó que el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, quede en prisión provisional en la cárcel de Matamoros mientras se aclara su situación legal.
Paiz es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público de ser parte de una estructura que supuestamente se organizaba para definir aspirantes a magistrados de salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.
El 26 de febrero del año en curso, la Feci reveló más detalles de la investigación y señaló, además del rector de la Usac, a Estuardo Gálvez, exrector de esa casa de estudios, de estar implicado en el caso, por lo que también ordenó su captura.
Luego de haberse dado a conocer las acciones de la Feci, Paiz acudió a un sanatorio privado, aduciendo problemas de salud, pero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que se encuentra en condiciones para ser trasladado a otro lugar.
En las redes sociales de Paiz se divulgó una carta donde se defiende de los señalamientos en su contra, pero confía en que serán desvanecidos.
En el caso de Gálvez, la jueza Aifán ordenó que se someta a un examen médico para determinar si puede ser trasladado a prisión preventiva mientras se desarrollan las audiencias de primera declaración por el caso.
Juan José Bolaños Mejía y Henry Giovanni Dubón Ruano, otros dos señalados por la Feci y con orden de captura vigente, no han sido localizados y no se han presentado ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, por lo que la juez Aifán los declaró en rebeldía.
Investigación
Según las autoridades, esta agrupación se cercioró de obtener el número de electores necesarios, para alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con su cometido de copar las cortes.
La Feci indica que el pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos. El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejaron un margen de riesgo de 1 voto.
Según las autoridades, se identificaron redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” (vender) servicios de impunidad a partir de contactos en el interior de este. Además, se estableció la distorsión del esquema legal de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones.
