La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, envió un nuevo oficio al Ministerio Público (MP), que dirige la fiscal general, Consuelo Porras.
El objetivo es que la Fiscalía de Asuntos Internos comience una investigación contra fiscales o funcionarios que puedan estar filtrando información del caso Odebrecht.
La togada ordenó que la pesquisa fuera remitida a esa Fiscalía y se comience a indagar quiénes pueden estar filtrando información a cuentas de “netcenters”, cuando ese proceso penal, que está asignado a su judicatura, se encuentra bajo reserva.
El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, incluido Guatemala.
Odebrecht es una empresa constructora de Brasil, se dedicó a emitir sobornos a toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.
Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que además participaron agencias fiscales de al menos 10 países.
Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos.
El Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.
