La audiencia de reparación digna para dos personas que eran colaboradores eficaces del Ministerio Público en caso Construcción y Corrupción deberá repetirse luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó una apelación a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La PGN se opuso a esa parte del proceso ya que consideró que se había dejado al Estado en indefensión al no haber sido tomados en cuenta y por eso presentó una apelación a la CC, que finalmente le fue otorgada.
La CC le ordena a la jueza Érika Aifán que repita la audiencia de reparación digna y deberá llevar a cabo una nueva diligencia en la que se discutirá el resarcimiento que deben pagar Jesús María Ordóñez Jop y Julio Carlos Porras Zadik por el daño causado al estar vinculados al caso Construcción y Corrupción.
El 29 junio de 2017, Ordóñez Jo y Porras Zadik fueron condenados, mediante procedimiento abreviado, por lavado de dinero y otros activos y financiamiento electoral ilícito.
Porras Zadik, exgerente de una empresa de telefonía, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero goza de la suspensión de la ejecución de la condena.
Además, se le impuso una multa de Q500 mil y como reparación digna debía pagar la construcción de dos salas de videoconferencia en el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
Porras, quien era colaborador eficaz del MP en el Caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP).
El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.
Esos pagos fueron parte del acuerdo en 2011 al que Porras, en nombre de la empresa, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del PP, que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con la compañía rival quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.
