Este martes 4 de octubre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, entregó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un memorial en el que se detalla la ratificación de las medidas de protección urgentes a su favor.
Gálvez informó por medio del memorial respecto de la protección, esto con la finalidad de que los magistrados conozcan sin excusa alguna la resolución.
Las medidas de resguardo para el juez también incluyen a su familia. En la ratificación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que Gálvez está en peligro y el juez asegura que hay persecución judicial en su contra por su labor.
El juez afirmó que según la resolución que entregó, el relator hace referencia de que Guatemala “debe dejar inmediatamente de abusar de la ley”.
También dejar de acosar a los jueces, quienes deben gozar de cierto grado de inmunidad en materia civil y penal.
Añadió que en 2021 y 2022, la CIDH constató la injerencia sistemática contra la independencia del sistema de justicia y advirtió sobre la intensificación de la criminalización y estigmatización contra los operadores de justicia.
Añadió que la Comisión recomendó proteger a los operadores de justicia contra ataques de intimidación, amenazas y hostigamiento e investigar quienes lo cometen.
El 19 de septiembre recién pasado, mediante una teleconferencia el juez Miguel Ángel Gálvez y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.
En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.
La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.
