Ciudad Guatemala

Juez Miguel Ángel Gálvez denuncia que recibe amenazas por enviar a juicio a señalados del caso Diario Militar.


El juez Gálvez afirma que las amenazas de procesarlo y pedir que le retiren la inmunidad atentan contra la independencia judicial.  

  09 mayo, 2022 - 16:21 PM

El pasado viernes 6 de mayo el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

El juez Gálvez recibió este 9 de mayo la visita del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dijo que las amenazas de procesarlo comenzaron luego de decidir enviar a juicio a los involucrados en el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte.  

El juez Gálvez dijo sentirse muy satisfecho por la presencia de Rodas en el juzgado y afirmó que son momentos difíciles y que la situación en Guatemala está bastante sensible, pero que ya se animen a amenazar a un juez después de una resolución es más preocupante. 

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez. 

Señaló que pondrá en conocimiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio que pueda decidir presentar una denuncia por la amenaza directa que se le está haciendo. 

“Una amenaza directa que conlleva en determinado momento y a participación de otras de otras instituciones como el Ministerio Público”, comentó Gálvez.  

Dijo que en las amenazas indican que ahora le toca a él y eso podría decir e la persona que las está efectuando ya hecho cosas similares en el pasado.  

Gálvez agradeció a Rodas y le reiteró que las resoluciones se han dictado apegadas a derecho y después de un análisis, de un estudio para garantizar la legítima defensa.  

Expresa su solidaridad 

Jordán Rodas, acudió al juzgado de Gálvez para manifestarle su solidaridad por las amenazas que ha recibido luego de su resolución en el caso Diario Militar.  

Recordó que el juez Gálvez tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que era necesario actualizar a los organismos lo que está pasando en el país. 

“La justicia es un derecho humano y se tiene que tener una justicia independiente. Los jueces de paz, jueces de instancia, los que conforman tribunales, las salas de apelaciones, los propios magistrados de la Suprema todos son independientes y no pueden estar siendo sujeto de intimidación y amenazas y eso es preocupante. 

Dijo que es importante recordar que cualquier persona que sea parte del proceso que piense que una resolución no está apegada a derecho tiene los recursos legales para impugnar, pero que no es amenazando ni intimidando al juez que las dicta como se fortalece la democracia. 

 Qué amenazas son y de dónde vienen 

Consultado el procurador Jordán Rodas sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.  

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana. 

Hernández fue noticia en abril del 2020, cuando fue encontrada en una vivienda de Sumpango Sacatepéquez, en donde se suponía estaba el exdiputado Estuardo Galdámez, en ese tiempo prófugo de la justicia por varios hechos de corrupción.  

Méndez Ruiz publicó hace unos días, en su cuenta de Twitter, una foto blanco y negro del juez Gálvez en la que decía que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) lo haría pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura. 

“Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán. Empeño mi palabra en eso”, citaba en mensaje.  

La foto de Gálvez tenía su nombre y el texto “se busca por prevaricador”. 

Este 9 de mayo, luego del encuentro entre Gálvez y Rodas, Méndez Ruiz publicó otro mensaje con el siguiente texto “Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto. Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso”, y abajo el video el encuentro entre Rodas y Gálvez.  

Hernández, por su parte ha publicado en su cuenta de Facebook varios mensajes y fotografía en alusión al juez Gálvez.  

“Ni perdón ni olvido. Víctimas de la prisión provisional, cuyo diseñador es el delincuente terrorista judicial Miguel Ángel Gálvez”, acompañada de una fotografía con imputados que murieron cuando eran procesados.  

También hace mención, en otros mensajes, que la prisión provisional debería ser considerada un delito de lesa humanidad y las acompaña con una etiqueta en la que pide cárcel para el juez Gálvez.  

 

El Diario Militar 

El pasado 6 de mayo, el juez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

Al coronel retirado del Ejército Víctor Augusto Vásquez, por ejemplo, se le acusa de la desaparición forzada de 14 personas y de la ejecución extrajudicial de 6, cuyas osamentas fueron localizadas en un antiguo destacamento militar de Comalapa, en el oeste del país. 

Mientras que al teniente coronel de Policía, Juan Francisco Cifuentes, es acusado por la Fiscalía de la desaparición forzada de 10 guatemaltecos y otros delitos cometidos con 5 personas. 

Por su parte, el capitán retirado del Ejército, Jacobo Salán Sánchez, está imputado de 10 delitos de deberes contra la humanidad, tres desapariciones, un asesinato y un asesinato en grado de tentativa. 

El juez Gálvez explicó ese día que la resolución es con base en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), y porque “existen sospechas de la participación en estos hechos” de los detenidos, pero aclaró que “no se está responsabilizando a nadie” porque esa decisión la deberá tomar un tribunal en el juicio oral y público. 

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1982 y 1986. 

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