Los dos militares procesados son el exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, y el coronel de infantería y excomandante de la zona militar del departamento central de Chimaltenango, Víctor Augusto Vásquez Echeverría.
El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, resolvió vincularlos al proceso que engloba a al menos 12 militares y policías retirados, por su presunta participación en delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.
Gálvez consideró que existen indicios racionales sobre la participación de Oliva Blanco en la desaparición forzada de cuatro personas y en delitos contra los deberes de humanidad contra 13 personas.
Además, advirtió que, en el caso de Vásquez Echeverría, fue imputado por la desaparición forzada de ocho personas, seis de las cuales han sido identificadas mediante sus restos recuperados de una de las fosas comunes halladas en el destacamento militar de Comalapa, del departamento de Chimaltenango, a unos 80 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.
Ambos podrán permanecer en el hospital del Centro Médico Militar, en la Ciudad de Guatemala, bajo prisión preventiva, debido a su estado delicado de salud.
Por este mismo proceso, Gálvez ordenó prisión preventiva contra otros seis militares retirados y expolicías, sindicados de capturas ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
La estructura criminal que supuestamente integraron los procesados, presuntamente cometió tales delitos contra al menos 183 personas fichadas en un documento denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).
Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.
