El juez Sexto Penal, Israel Zelada, resolvió este viernes 11 de junio otorgar arresto domiciliario al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, y al exanalista de la inhabilitada Cicig, Aníbal Argüelllo, y otros tres procesados en el caso Política y Falsedad.
Junto a Solórzano Foppa y Argüello también están procesados en este caso Roberto Cáceres Estrada, José Miguel Quintanilla Castillo y Giovanni Faggioli, todos ligados a proceso el pasado 10 de junio por falsedad ideológica con agravación electoral.
En su resolución, el juez indicó que otorgó el arresto domiciliario sin vigilancia alguna a los cinco señalados, los que tienen la obligatoriedad de presentarse de manera periódica al quiosco de control bométrico del Ministerio Público en donde deberán registrar sus huellas dactilares los lunes cada 15 días.
Agregó que los señalados tienen prohibido salir del país sin autorización y por eso se notificará al Instituto Nacional de Migración.
Además, tampoco podrán acudir al Tribunal Supremo Electoral o cualquier dependencia de esta, en todo el país.
Tienen prohibido comunicarse con las 113 personas que aparecen como testigos en la investigación del caso Política y Falsedad.
El juez Sexto Penal, Israel Zelada, en su resolución para otorgar arresto domiciliario a Juan Francisco Solórzano Foppa y otros cuatro implicados en caso Política y Falsedad. (Video Guatevisión: Edwin Pitán)
El caso
El exsuperintendente de la SAT fue detenido el 19 de mayo último, señalado de haber cometido irregularidades en las actas de creación del Partido Ambientalista Guatemalteco.
En este caso, la Fiscalía de Delitos Electorales señala que una persona fallecida en 2018 firmó un acta el 1 de marzo de 2020, por lo que Solórzano Foppa y el resto de las personas más fueron detenidas en esa oportunidad.
En la audiencia del pasado 7 de junio, el abogado, Francisco Rivas, quien defiende a Solórzano Foppa, responsabilizó por el acta de constitución del partido a Carlos Ramiro Carrillo, quien fue el notario que avaló ese documento y en el que la Fiscalía señala irregularidades como el registro de la firma de una persona que fallecida y más de 113 personas dicen no haber consentido firmas, datos personales y aseguraron no haber asistido a la asamblea.
