Un hombre fue azotado, este 5 de septiembre, por las autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché. El sujeto fue identificado como Juan Antonio Mejía, de 22 años.
Mejía es señalado de herir a una autoridad comunitaria, de violencia contra su esposa, y también de cobrar extorsiones.
Sin emabargo, lo que llamó la atención de las autoridades indígenas fue la confesión que hizo Mejía luego de recibir los azotes.
Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, señaló que Mejía estuvo preso en el Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché, pero que cuando salió en libertad pedía “la talacha” a familiares de personas que aún se encontraban privadas de libertad.
Tras el castigo, Mejía señaló al exdirector del Centro Preventivo de ser quien le ordenaba cobrar esas extorsiones.
Mejía aseguró que había salido de ese centro carcelario con una medida sustitutiva. Afirmó que el ex director del centro, llamado Marvin Pérez, era quien le pedía que cobrara la extorsión a los familiares de quienes estaban en la cárcel.
También confesó que de la extorsión él obtenía Q100 como parte de “su pago”, y que cuando Pérez fue trasladado, lo llamaba otra persona de quien desconoce su identidad.
Por su parte, Marvin Pérez, exdirector del Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché, dijo que las acusaciones se tratan de “represalias” en su contra, ya que “él nunca permitió ese tipo de cobros cuando era director del lugar”.
Pérez dijo que fue trasladado a otra cárcel de Chimaltenango, y afirmó que es “prácticamente imposible” que él pueda ordenar extorsiones en ese lugar.
El exdirector aseguró que iba a demandar a la persona que lo acusó de ser quien ordenaba las extorsiones, y que se había puesto en contacto con el alcalde para aclarar la situación.
Sin embargo, las autoridades indígenas advirtieron que si el exdirector del centro penitenciario estuviera realmente relacionado con las extorsiones, también “sería castigado”.
Junto a Mejía, había otro hombre que también fue azotado por robar dos costales de zapatos en el mercado municipal del sector.
También se acusó a una mujer de prestar su nombre para abrir una cuenta bancaria para ser utilizada en extorsiones. Las tres personas fueron entregadas a miembros del Ministerio Público.
