Aunque ya no hay delito susceptible de la pena de muerte en Guatemala, el Congreso podría retomar la discusión en torno a ella, ante la conmoción que provoca el secuestro, ultraje y muerte de la niña Hillary Arredondo.
Los padres de Hillary, quien fue secuestrada y violentada el día 17, llegaron al Congreso para demandar justicia, incluso la pena de muerte, contra los tres implicados que están detenidos.
Allan Rodríguez, presidente del organismo, consideró que merece “la pena más alta” un ser que viola y mata una niña. En su opinión, esa persona no es útil a la sociedad, no puede regenerarse ni merece vivir en la cárcel del dinero de los contribuyentes.
Consultado si promovería la pena capital, Rodríguez mencionó que el momento amerita llevar a la mesa de discusión las diversas iniciativas presentadas en el pasado, como la castración química o quirúrgica o la pena de muerte.
Sin embargo, la pena de muerte está prácticamente sin efecto. Desde octubre de 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó exentos de la pena de muerte los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro y desaparición forzada al declarar inconstitucionales varios artículos del Código Penal y de la Ley contra la narcoactividad.
Además de ese fallo de la CC, y aunque sí está vigente, la pena capital está en un limbo legal porque el indulto presidencial al condenado no está normado.
La última ejecución en Guatemala ocurrió en 2000. Con el paso del tiempo, por ejemplo, en 2012, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó la pena de muerte para 53 reos por la pena máxima de 50 años.
