Gobierno habla de “mesas de diálogo” con transportistas para evitar bloqueos de rutas, pero no hay claridad sobre la ley de pago de seguro
Con acuerdos que no han sido revelados, transportistas declinaron los bloqueos de carreteras, mientras el Gobierno no aclara qué pasará con la ley que los obliga a pagar un seguro.
Como si se tratara de un juego de pingpong, la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Tránsito de la PNC, evaden la responsabilidad de informar sobre cuáles fueron los acuerdos alcanzados con transportistas para que liberaran las rutas que tenían tomadas en protesta contra una ley que los obliga a pagar un seguro para terceros.
El Gobierno habla de “mesas de diálogo” con los transportistas que se oponen a la entrada en vigor del acuerdo gubernativo 17-2020 que los obliga al pago de un seguro y que ha sido prorrogado en varias oportunidades, pero no da detalles sobre los acuerdos alcanzados para liberar las rutas y sobre la dinámica que se tendrá para tener esos acuerdos. Tampoco queda claro qué pasará con la ley que los mantiene en discordia.
Se intentó conocer la opinión del Ministerio de Gobernación, pero personal del departamento de Comunicación señaló que es un tema que le compete a la Presidencia de la República, pero al hacer la consulta en el Ejecutivo se remitió al Departamento de Tránsito de la PNC, donde afirman que es un tema que le copete a Gobernación.
Sin embargo, después Presidencia compartió información que, según dicen, se requirió a la Dirección General de la PNC.
“Como resultado de la reunión se llegó al acuerdo de continuar aportando en las mesas de diálogo con el objetivo de trabajar un reglamento que se adecúe a las necesidades de la población, usuarios y transportistas”, refiere un comunicado.
“Las partes coincidieron en la necesidad de continuar las mesas de diálogo con el fin de llegar a acuerdos que permita al gremio de los transportistas retomar labores y suspender cuanto antes los bloqueos de carreteras que alteran la vida de la población y generan cuantiosas pérdidas económicas al país”, agrega la comunicación, que reitera que para profundizar en el tema se debe “consultar con Departamento de Tránsito, pues ellos manejan la información”.
#ComunicadoOficial | El @GuatemalaGob a través del Ministerio de Gobernación, a la población en general informa: pic.twitter.com/3sXy0VQtgf
— MinGob (@mingobguate) January 27, 2022
Deponen medidas
Más de 20 carreteras en diversos puntos de Guatemala quedaron libres para el tránsito el martes pasado después de que decenas de transportistas desistieran de los bloqueos que llevaban a cabo desde el lunes, en rechazo al seguro obligatorio para terceros en caso de accidente.
El Gobierno guatemalteco indicó mediante sus canales de comunicación que los transportistas desbloquearon las rutas tras un “diálogo” con la Policía Nacional Civil, que contaba con un fallo judicial para removerlos de la vía pública.
Dicho fallo fue emitido el lunes por el máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, a solicitud de la Cámara de Comercio del país centroamericano.
Los transportistas iniciaron el lunes con los bloqueos y persistían el martes en muchos departamentos, en búsqueda de que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei derogue una ley que los obliga contratar un seguro para pagar los daños que causen a terceros en accidentes.
La medida provocó que decenas de vehículos queden varados tanto el lunes como el martes, lo que ha causado millonarias pérdidas comerciales, de acuerdo con las cámaras empresariales, que calificaron los bloqueos como “ilegales”.
En un comunicado, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), manifestó que en los últimos meses los incidentes en las carreteras han ocasionado las pérdidas de vidas humanas, por lo que consideran importante la implementación del seguro.
Por su parte, la Cámara del Agro calificó los bloqueos como “actos criminales” y exigió a las autoridades desalojar a los transportistas como lo ordenó el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que busca garantizar la libre locomoción de la población.
Los transportistas se oponen a la vigencia del seguro, que debe ser contratado obligatoriamente en los próximos seis meses como límite.
La contratación del seguro obligatorio de los transportistas se debe a los constantes accidentes de tráfico que solo en los últimos cinco meses han dejado al menos 167 muertos en las carreteras del país centroamericano, de acuerdo con registros oficiales.
El acuerdo que los obliga a contratar un seguro fue aprobado en 2020 durante la Administración del presidente Jimmy Morales, pero aún no cobra vigencia debido a la negativa de los transportistas, que mantienen un diálogo con el Gobierno de Giammattei.
Con información de EFE