Giammattei impone estado de Prevención en seis municipios de Escuintla
La medida tiene como objetivo reducir los hechos de violencia en Escuintla y capturar a miembros de los grupos delictivos que operan en el área.
El Gobierno de Alejandro Giammattei impuso un nuevo estado de Prevención, ahora en los municipios de Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Tiquisate, Puerto San José, Palín y la cabecera de Escuintla.
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Se trata del cuarto estado de prevención impuesto por el presidente Giammattei, pues anteriormente se había aplicado la medida en Mixco y San Juan Sacatepéquez, Villa Nueva y Chimaltenango.
La medida se impondrá durante seis días a partir de este viernes 14 de febrero de 2020, debido a la “grave situación de inseguridad a consecuencia de una serie de actos que riñen con el bien común”, según el decreto gubernativo publicado en el Diario de Centro América.
En un mensaje pregrabado, el presidente dijo que “la recuperación de espacios físicos es importante, pero más aún es desarticular las estructuras que desde la cárcel han tenido el control con beneficios que han tenido pero están terminando”.
Mensaje a la nación del presidente @DrGiammattei. pic.twitter.com/sRvN04BeAf
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 14, 2020
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se desarrollaron 66 allanamientos en coordinación con el Ministerio Público (MP).
Entre los resultados del más reciente estado de Prevención, que fue en Chimaltenango, el mandatario informó que se detectaron lujos en las cárceles y mototaxis con vínculos a las pandillas. En ese departamento fueron 80 las capturas, 236 cateos y 932 denuncias presentadas.
En Mixco, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva también se desarrollaron varios operativos en coordinación con el Ejército.
Qué es un estado de Prevención
No necesita aprobación del Congreso y su vigencia no podrá decretarse por más de 15 días. La norma permite al Ejecutivo decretar, entre otras cosas, tomar las siguientes medidas:
- Militarizar los servicios públicos, centros de enseñanza e intervenir los servicios particulares.
- Fijar condiciones a derechos de huelga, impedirlos o prohibirlos.
- Limitar celebraciones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos.
- Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública y exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas publicaciones que inciten a la alteración del orden público, a juicio de las autoridades.