Giammattei arremete contra EE. UU., denuncia “manipulación mediática y política” y dice que entregará el poder en enero
Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, arremetió este martes 12 de octubre contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, y rechazó “acciones intimidatorias” para amedrentar a ciudadanos guatemaltecos -en alusión al retiro de visas a más de 100 diputados y empresarios y sus familias anunciado por ese país.
En la carta publicada en las redes sociales del mandatario, señala que como presidente Constitucional de la República de Guatemala y en su calidad de jefe de Estado, a la comunidad nacional e internacional, hace saber:
“Expreso mi enérgico rechazo a las acciones intimidatorias que buscan amedrentar a ciudadanos guatemaltecos, las cuales atentan contra la soberanía nacional, elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos de un Estado”.
Explica que debido a que Guatemala es una república democrática, “sus normas legales internas se rigen bajo el principio del debido proceso, la separación e independencia de poderes y el respeto irrestricto al Estado de Derecho”.
Giammattei agrega que es bajo ese marco jurídico por el cual deben ser dirimidos los asuntos propios de Guatemala.
“Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral, razón por la cual solicito a miembros de ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala”, escribe el presidente Giammattei.
Señala que los principios de Derecho Internacional Público demandan una diplomacia activa que promueva el respeto a la independencia y soberanía de los Estados, “que se abstenga de injerir en sus asuntos internos y que se respete el principio de igualdad entre Estados”.
Alternancia en el poder
“Mantengo la firme voluntad del Gobierno en preponderar el principio republicano de la alternancia en el poder con hechos y acciones concretas como haber culminado un proceso de transición ordenado, sistematizado y transparente de cara a la ceremonia de la transmisión de mando presidencial el 14 de enero de 2024, cuyos preparativos ya cuentan incluso con la confirmación de algunos jefes de Estado. En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos”, finalizó Giammattei.
Como Presidente Constitucional de la República de Guatemala y en mi calidad de jefe de Estado, a la comunidad nacional e internacional, hago saber: pic.twitter.com/atpDDhQzu8
— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) December 12, 2023
Sancionados
La publicación de Giammattei se da un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco.
En ese sentido, añadió que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, está tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y sus miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de derecho”.
El Departamento de Estado remarcó el anuncio por parte del Ministerio Público de las órdenes de arresto contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y los “intentos de anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder”.
“Estas acciones son claramente inconsistentes con la Carta Democrática Interamericana”, advirtió Estados Unidos.
Agregó: “Estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas que incluyen: el levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales, los ataques políticos contra miembros de la oposición, la intimidación de manifestantes pacíficos, las redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan registros de resultados electorales y la apertura de centros de votación”.