La fiscal general y jefa del del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, señaló este lunes 23 de noviembre la urgencia de elegir a los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, un trámite que ha estado entrampado en el Congreso desde hace más de un año.
La fiscal pidió al Congreso darle prioridad en la agenda legislativa a la elección de cortes para cumplir una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena cumplir con ese trámite.
“El Congreso de la República debe priorizar en la agenda legislativa la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y Tribunales Colegiados de igual categoría, en cumplimiento a la sentencia de la CC”, dijo Porras durante una conferencia de prensa.
Agregó que el Congreso no puede obviar la el “cumplimiento exacto” a la sentencia de la CC que está firme.
“El amparo presentado por el MP era claro y contundente, sobre la base de lo que se estableció que había vicios en todo el procedimiento y lo que se pidió fue la anulación de todo lo actuado, para que se hiciera un proceso de acuerdo a la normativa y privilegiar a todos los candidatos idóneos; sin embargo, el efecto que se le dio en el otorgamiento que no fue el solicitado por el MP, pero se ha cumplido con lo que se ha requerido por la CC”, agregó Porras.
En mayo último, los magistrados de la CC otorgaron en definitiva el amparo al MP en el que ordena al Congreso elegir a los magistrados.
La CC señala en el amparo otorgado que los nombramientos deben realizarse conforme los ideales postulados en la Constitución, que exige que las personas nombradas sean las más capaces e idóneas para el cargo y que concurra en ellas la honradez.
“Por lo tanto, debe de excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”, refiere la resolución.
La CC también ordenó a la junta directiva del Congreso poner a disposición de los diputados los expedientes de los candidatos que fueron remitidos por las Comisiones y la información enviada por el MP en un plazo de 24 horas después de haber recibido esta información; sin embargo, el trámite sigue entrampado en el Legislativo.
