Este miércoles 13 de septiembre, personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) continúa con las diligencias de allanamiento que comenzó el martes último, como parte de una investigación del proceso electoral.
El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, informó el martes 12 que la investigación surgió luego de una denuncia que un ciudadano interpuso para que se estableciera el monto de la deuda política que los partidos recibirían al finalizar el proceso electoral.
Las diligencias del Ministerio Publico se desarrollaron en las oficinas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral en el Parque de la Industria.
La diligencia fue autorizada por el juez Fredy Orellana y durante su transcurso fiscales han recabado evidencias en las cajas electorales de la primera vuelta y esa medida ha sido cuestionada por magistrados del TSE y diversos sectores de la sociedad civil.
Según autoridades del TSE, organizaciones nacionales e internacionales, la cadena de custodia de los votos emitidos en la primera vuelta y el material electoral en las cajas abiertas por el MP se habría violado.
Debido a esos señalamientos, el martes se interpusieron acciones ante autoridades judiciales por parte del TSE, partido Semilla y asociaciones de la sociedad civil, para frenar el avance de los allanamientos del MP.
#Ahora | Este miércoles continúan los operativos del Ministerio Público en el Parque de la Industria.
Vía: E. García.
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El presidente electo, Bernardo Arévalo, ofreció una conferencia de prensa el martes en la que se refirió a la situación y anunció medidas legales que impondrían.
“Guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo”, dijo Arévalo.
Suspensión de proceso de transicíon
También dijo que suspendía el proceso de transición hacia su investidura en enero de 2024, cuando debería tomar el lugar del presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei.
“Porras, Orellana y Curruchiche son responsables de violentar el proceso electoral y el orden democrático (…), han desviado su función constitucional de investigar y perseguir plenamente hacia un claro golpe de Estado en desarrollo”, insistió el exdiputado, que resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto.
“Como presidente electo me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto a la Constitución y que detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas”, agregó.
Para Arévalo, solo la renuncia de los tres operadores de justicia “permitirá garantizar el orden constitucional del país”.
Asimismo, anunció que pedirá que se le levanten los fueros a la fiscal general y al juez, e interpondrá una denuncia penal contra Curruchiche y la fiscal auxiliar Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
