La magistrada y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, salió de Guatemala luego de que el Congreso de la República le retirara su inmunidad para ser investigada por la supuesta compra ilegal del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), confirmó este viernes 1 de diciembre el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Con Palencia suman cuatro los magistrados del TSE que salen del país tras haber perdido su inmunidad, pues autoridades del IGM informaron este viernes que Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco abandonaron el país, según sus registros.
Sin embargo, no precisaron en qué momento salieron del país ni el país de destino.
Rojas, Aguilera, Franco y Palencia quedaron sin inmunidad en la noche del jueves pasado por decisión del Congreso de la República, para poder ser investigados por la supuesta compra ilegal del TREP, utilizado en los comicios celebrados este año, en los que Bernardo Arévalo resultó electo presidente de la República.
Se informó que Rojas y Palencia se encuentran con permiso de vacaciones y no se descarta que sean solicitadas también por Franco y Aguilera.
El mismo Franco indicó esta semana en una entrevista que no dejaría Guatemala. “Yo me quedo en el país definitivamente, yo no tengo por qué salir huyendo. Realmente, si bien es cierto, es una cuestión que de jurídico tendrá un 25 por ciento, la cuestión es política”, dijo.
Los cuatro magistrados fueron desaforados con el voto de 108 de los 160 legisladores que componen el Congreso.
La acusación en contra de los magistrados es por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, por una investigación del Ministerio Público (MP) luego de la denuncia de dos abogados y activistas de extrema derecha.
La Fiscalía ha asegurado que existen “irregularidades” en la compra de un sistema de transmisión de resultados electorales que funcionó en los comicios generales del 25 de junio y en el balotaje del 20 de agosto.
Desde julio, la Fiscalía ha intentado revertir el triunfo en las urnas de Arévalo, de la agrupación socialdemócrata Movimiento Semilla.
Arévalo de León aseguró el pasado 1 de septiembre que la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura el 14 de enero de 2024.
