El caso de la fiesta clandestina en la mueblería O3 en junio último ha quedado cerrado.
Nueve jóvenes procesados por un juzgado aceptaron su responsabilidad y ofrecieron una disculpa, por lo que fueron beneficiados con un criterio de oportunidad.
Los implicados deberán hacer donaciones a cuerpos de socorro.
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Durante el proceso el Ministerio Público les imputó el delito de contravención de medidas sanitarias.
La jueza Virginia de León los procesó entonces por ese mismo delito, fijó fianzas, control biométrico cada 15 días en el Ministerio Público, arraigo y prohibición de concurrir a reuniones sociales.
La investigación se nutrió de fotogramas de los videos de las cámaras de videovigilancia por medio de los cuales los jóvenes fueron individualizados.
