En la sesión plenaria de este primero de junio los diputados se reunieron en la sesión extraordinaria, que se alargó hasta las las primeras horas de este martes, para la aprobación de la ampliación del estado de Calamidad.
Los diputados aprobaron en un único debate el decreto gubernativo 9-2020, que amplía por 30 días más el estado de Calamidad Pública.
La aprobación ocurrió solo después de una larga discución para exigir informes sobre los avances del Ejecutivo para paliar la crisis del covid-19 y después de presentar varias enmiendas.
Un grupo de diputados pidió que los informes presidenciales no se presenten cada 30 días, sino que el Ejecutivo tenga la obligación de dar información permanente al Congreso, además de un debate por la falta de un informe claro sobre lo ocurrido en las medidas aprobadas con anterioridad.
“La nueva solicitud que el Ejecutivo está enviando para el estado de Calamidad, la idea era que nosotros previo a conocer la nueva solicitud, nosotros pudiéramos revisar qué era lo que se había hecho durante este mes, que hasta el momento no hemos podido determinar”, dijo Aníbal Rojas de Visión con Valores (VIVA).
“No es un informe circunstanciado en donde el pleno del Congreso pueda conocer el avance de ejecución presupuestaria, son papeles que nos están enviando, estamos hablando de casi cuatro mil folios, pareciera que es solo para salir del paso lo que el Ejecutivo nos está enviando y no se trata de eso”, reclamó Sonia Gutiérrez de WINAQ.
“Venir aquí a decir que están en contra de una ampliación de un estado de Calamidad es venir a decir que están en contra del pueblo de Guatemala, de la gente que tiene necesidad, que está esperando que le llegue la ayuda del Gobierno”, dijo Boris España de la bancada TODOS.
El estado de Calamidad Pública en Guatemala es una disposición legal establecida en la Ley de Orden Público aprobada en 1965 y considera que es “obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado”.
El Congreso también aprobó una enmienda en la que se determina que el Ejecutivo debe rendir informes detallados semanales puntuales sobre la situación del coronavirus.
Los diputados aprobaron otro apartado para que se comience a trabajar en protocolos para actividades religiosas y reactivación ecnonómica. También se avala la libre locomoción de líderes religiosos con su debida identificación y que los jubilados del IGSS también podrán optar por el Bono Familia.
Las madres solteras, personas con discapacidad, así como los hogares sin electricidad tendrán prioridad en el Bono Familia.
Otra enmienda aprobada dicta que los DPI vencidos podrán tener validez este año, en atención a la emergencia por covid-19.
El estado de Sitio en Nahualá fue conocido en primera lectura, y los diputados fueron convocados para este miércoles, a las 10 horas, para continuar con la sesión.
