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Denuncian a juez que ordenó investigación contra periodistas y medios independientes

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La Red Nacional de Comisiones y Colectivos por la Transparencia y Probidad, junto a 11 ciudadanos, presentaron una denuncia contra el Décimo Penal Jimi Bremer, quien ordenó una investigación contra periodistas y medios de comunicación independientes.

La resolución del juez Bremer se dio después de acceder a una petición que formuló la fisca del Ministerio Público (MP), Cinthia Monterroso, en una audiencia del proceso penal que enfrenta el periodista, José Rubén Zamora.

A criterio del ente investigador, los periodistas que formaron parte del medio de comunicación elPeriódico habrían cometido una serie de delitos relativos a la obstrucción de la justicia en una serie de publicaciones.

Pero sectores, tanto nacionales como internacionales, consideran que la medida tomada por el juez ante el requerimiento del MP, atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio de los medios de comunicación.

Por esta razón se presentó una denuncia contra el juez por los delitos de prevaricato y resoluciones violatorias a la Constitución, según señaló Luis Compá, coordinador de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos por la Transparencia y Probidad.

“Violentó lo que establece la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, además de disposiciones procesales pues como juez, conocedor del derecho, debió declinar su competencia y conminar al MP a que se remitiera el caso a un tribunal de honor”, explicó.

La decisión judicial, a consideración de Compá, afecta las garantías fundamentales en Guatemala, “consideramos una flagrante violación al derecho fundamental de libertad de expresión y libertad de emisión del pensamiento”.

El representante agregó que el juez “no solo se sobrepasó de sus facultades legales, sino pone en riesgo uno de los derechos más sagrados que protege nuestra Constitución”.

Coyuntura electoral

Expertos en libertad de expresión y derecho constitucional estiman que el abrir procesos de investigación contra periodistas es una violación directa al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Esta decisión llega a cuatro meses que se celebren las Elecciones Generales del 2023 en Guatemala, lo que estiman pone en riesgo la libre emisión del pensamiento y la cobertura electoral, según un pronunciamiento emitido por la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE – GT).

“Los medio de comunicación desempeñan un papel fundamental durante el proceso electoral, al informar sobre el desempeño del gobierno, contribuir a la formación de la opinión pública y comunicar a las y los votantes sobre sus derechos políticos – electorales”, explica el documento.

También hicieron un llamado autoridades del Organismo Judicial, MP y Tribunal Supremo Electoral (TSE) para “garantizar y promover un entorno de medios dinámico y sin impedimentos, que promueva el acceso a la información, fomente el intercambio de ideas diversas y los debates público”, concluye el documento.

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