El Ministerio Público (MP) informó este jueves 18 de marzo que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lleva a cabo un allanamiento y secuestro de evidencia en un inmueble relacionado con la sociedad mercantil Agromerc, vinculada con Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, procesado por el caso Asalto al Ministerio de Salud.
La información del MP detalla que la diligencia se realiza en el marco de la investigación por anomalías en el proceso de adjudicación para la construcción del hospital de Ixcán, Quiché.
El pasado 29 de enero, el exdiputado y excandidato presidencial de FCN-Nación, Estuardo Galdámez, es enviado a prisión preventiva por estar vinculado al Caso Asalto al Ministerio de Salud.
El Juzgado de Mayor Riesgo D dictó auto de prisión preventiva en contra de Galdámez, por considerar que “existen peligros procesales de fuga y de obstaculización para la averiguación de la verdad, debiendo permanecer recluido en un Centro de Detención Preventiva”.
Galdámez fue detenido el 23 de diciembre del 2020 en un retén policial y fue ligado a proceso penal el 21 de enero último por los delitos de tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita.
El exparlamentario es sindicado por la Feci de haber “negociado” la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, -distrito que representaba- para adjudicar el contrato a una empresa por unos Q80 millones, de los cuales él habría recibido una comisión.
También se le sindica de haber influido en la contratación personal en la cartera de Salud.
Asalto al Ministerio de Salud
De acuerdo con la Feci, entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, se formó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales.
La trama se armó con gestiones durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por legisladores y funcionarios.
El caso implicaba a unas 18 personas y la Fiscalía estimó en julio de 2019 que los sobornos fueron de unos Q50 millones.
Correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura son parte de los indicios de la fiscalía.
En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos en 2012, se habrían cobrado Q17 millones en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.
