En el juicio del caso la Línea se empezaron a reproducir escuchas telefónicas con las que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) empezó a determinar la manera en que operaba la estructura de defraudación tributaria a finales de 2014 y en 2015.
En las llamadas se expone uno de los primeros hechos que confirmaron los investigadores de la Feci: se armó un complot para sacar a Carlos Muñoz de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y colocar a Omar Franco.
El exanalista de la Cicig, Aníbal Argüello, expuso las escuchas telefónicas y señaló que Francisco Javier Ortiz Arreaga, Geovanni Marroquín Navas, Antony Segura Franco y Miguel Ángel Lemus Aldana fueron los que planificaron la saluda de Muñoz y desde diciembre de 2014 sabían que Franco ocuparía el cargo.
Todos ellos conformaron la estructura externa de la Línea.
El 28 de enero Franco fue nombrado jefe de la SAT por Otto Pérez Molina, ese mismo día tuvo reunión con integrantes de la Línea.
Además, hubo escuchas en las que se expusieron a los coordinadores de finanzas de La Línea como Mynor Pineda Castellón y Miguel Ángel Lemus Aldana, quienes coaccionaron a trabajadores de la SAT en aduanas para que participaran en los negocios irregulares de la estructura.
Según las llamadas quien no cooperaba sería “removido”.
Argüello ya había revelado este martes 1 de marzo detalles de los informes que elaboró en torno al Caso La Línea y cuyas conclusiones muestran como la jerarquía del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti influía en las operaciones de la “estructura criminal”.
De acuerdo con el análisis de Argüello, la estructura de La Línea se basaba en los niveles jerárquicos de sus 49 integrantes para la toma de decisiones y para la distribución de ganancias ilícitas, producto de la defraudación aduanera, que era el eje central de esa organización.
Relató que, tanto Pérez Molina como Baldetti eran quien dirigían las operaciones de La Línea y por ende quienes exigían la entrega reportes del “paso de contenedores y de las ganancias ilícitas percibidas en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla”.
