Para apoyar a poblaciones vulnerables afectadas por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia del nuevo coronavirus en Guatemala, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación por US$100 millones.
El objetivo del proyecto es apoyar los niveles mínimos de ingresos de esta población en el período inmediato y durante la recuperación, a través del apoyo al Bono Familia.
En Guatemala, cerca del 85% de la población vivía en situación de pobreza o vulnerabilidad antes de la pandemia, lo que significa que no tienen capacidad para sostener su consumo frente a choques transitorios o disminuciones drásticas en su ingreso diario, como los generados desde el inicio de la pandemia.
Datos recientes del área metropolitana de Guatemala muestran que el 70% de los encuestados tuvieron una disminución en sus ingresos, la mitad de ellos con caídas mayores al 25%.
El programa tendrá un componente único de transferencias monetarias para la protección de poblaciones vulnerables, que se ejecutará mediante el fondo Bono Familia.
Con el objetivo de mantener niveles mínimos de ingresos de la población vulnerable durante la recuperación, @El_BID apoyará a @GuatemalaGob con una operación que tendrá un componente único de transferencias monetarias que se ejecutarán mediante el fondo #BonoFamilia
— Carlos Melo (@CarlosMeloFer) August 31, 2020
¿Quiénes podrán aplicar?
Los beneficiarios elegibles a este beneficio serán personas que viven en hogares sin acceso a electricidad y en localidades con altos niveles de pobreza, así como aquellas con acceso a energía eléctrica con un consumo mensual menor a 200kWh para el registro de febrero de 2020.
Mediante las transferencias, el programa busca apoyar niveles mínimos de consumo de las personas vulnerables frente al covid-19, que ven afectada su capacidad de generar ingresos.
Con esto se espera lograr la cobertura de las transferencias entre la población vulnerable sin acceso a electricidad, que será alrededor de 10% de todos los beneficiarios del Bono Familia, así como la cobertura de las poblaciones indígenas, en particular en el grupo de población sin acceso a electricidad.
La operación, por un monto total de US$100 millones, tiene un plazo de amortización de 23.5 años, con un período de desembolso de 18 meses y una tasa de interés LIBOR, que se utiliza para determinar el precio de instrumentos financieros como por ejemplo derivados, y futuros.
