Bernardo Arévalo pide a PDH y a Mingob asegurar integridad de manifestantes y llama a sectores a buscar una solución

Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electa, condenaron este 18 de octubre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de ordenarle a las fuerzas del orden de desalojar las manifestaciones de la sede del Ministerio Público (MP) en la sede central del barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

En una conferencia de prensa, que se llevó a cabo este miércoles en el centro cultura Mosaico, Arévalo condenó que la CC ordenara usar la fuerza para liberar la manifestación pacífica de la sede del MP en Gerona, en zona 1 de la capital.

Rechazamos los hechos violentos que avalan ante la “mirada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es inaceptable esta resolución. El desalojo que ordena la CC solo elevará la conflictividad”, explicó el mandatario electo.

Durante la conferencia de prensa Arévalo le pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a Ministerio de Gobernación (Mingob) asegurar la integridad física de los manifestantes.

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública informa: pic.twitter.com/bQqyrbzFOy

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) October 18, 2023

Además, llamó a buscar una solución de la crisis que se vive a sectores políticos y económicos del país. Arévalo sostuvo que la fiscal general Consuelo Porras y los golpistas están atentando contra la ciudadanía.

El mandatario electo aseguró que la CC “debe tomar en cuenta las decisiones democráticas para tomar las decisiones”.

Arévalo convocó a actores políticos del país a hallar una salida institucional a lo que pasa en Guatemala. Recordó que el problema es que Consuelo Porras, y es ahí donde deben enfocarse los esfuerzos.

“En días siguientes nos reuniremos con sectores para avanzar y mantener la unidad de los guatemaltecos y evitar el escalamiento de la violencia”, puntualizó.

Mientras el presidente electo pronunció sus declaraciones en una conferencia de prensa, autoridades indígenas, lideradas por los 48 Cantones de Totonicapán, se reunieron con el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En esa reunión también criticaron la decisión de la CC, de ordenar en menos de seis horas, desalojar a las personas que protestan en la sede central del MP en el barrio Gerona.

Coincidieron con Arévalo en que esa resolución podría agudizar la crisis que se vive en el país, porque lo único que han solicitado es que renuncien funcionarios que atentan contra la democracia del país.

Denunciaron, además, que no solo es la Policía Nacional Civil la que intervendrá, sino que han escuchado que personas particulares participarán en los operativos para desalojar la manifestación en la sede del MP de Gerona.

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un comunicado este 18 de octubre en el que informa que conoció una gestión del MP en la que se señala de bloqueo prolongado en su sede central en Gerona, zona 1 de la capital.

La CC ordena al Mingob y director de la Policía Nacional Civil (PNC) a que en un plazo de seis horas se restituya el “orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público”.

Añadió que al analizar lo denunciado y derivado de que la obligación de garantizar la justicia conlleva “el deber de adoptar las medidas pertinentes para resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia, reconocida en el artículo 2 de la Constitución, esta Corte resolvió ordenar el resguardo de derechos tutelados en las resoluciones emitidas en este expediente, y se “conmina” ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP, asegurando la integridad física de trabajadores y usuarios, lo que deberá realizar en un plazo que no exceda de seis horas.

A la PNC, conforme la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes.

Al Ministerio de la Defensa Nacional, prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones.

Al Procurador de los Derechos Humanos, dar acompañamiento a las acciones ordenadas, velando por los derechos de todos los involucrados.

En lo resuelto se previene a las autoridades directamente encargadas de la seguridad que, en toda situación en que se anuncien manifestaciones o en medio de la realización de éstas, resguarden las instalaciones de todos los órganos estatales encargados, tanto de la administración de justicia, como los demás que prestan servicios públicos esenciales, en particular aquellos que tienen reconocimiento constitucional y que por mandato del cuerpo normativo supremo cumplen atribuciones que se traducen en la protección de los derechos humanos.