Ciudadanos y activistas que integran un movimiento de apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez brindaron una conferencia de prensa en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y confirmaron que Luciano Colorado, el hombre que fue ultimado el miércoles último en el Anillo Periférico, zona 3; estaba vinculado a la organización.
según los activistas, Luciano estaba en el lugar del ataque porque invitaba a personas del asentamiento El Incienso a participar en la manifestación a favor del juez Gálvez del viernes.
Los miembros del movimiento, entre ellos la exdiputada Sandra Morán, conformaron que Colorado llevaba playeras para regalar a las personas que se integrarían a la manifestación, cuando fue ultimado, asimismo piden una investigación del caso porque no descartan sea una amenaza para el resto de los simpatizantes del juez Gálvez.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó recientemente los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a 9 exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).
“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.
Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes por el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.
Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles “los que vive” y la situación en Guatemala está bastante sensible”.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.
Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a 9 exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).
Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.
Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Oscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.
Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.
La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.
Con información de EFE
