El gerente de gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de Cámara de Industria para Fecaica, Axel Romero, informó que, según los datos que han recabado con Cabi, la brecha de defraudación en la recaudación es de 31 mil millones de quetzales, lo que representa mil 400 millones de quetzales en impuestos.
Romero indica que, si las restricciones continúan, las personas seguirán buscando productos ilícitos que son más económicos, pero que no son de buena calidad y pueden afectar la salud de quienes los ingieren.
“Esta es una constante que vamos a seguir viendo durante el año 2021 y que tenemos la esperanza de que las actuaciones que se están haciendo en este momento con el apoyo de cooperantes y la coordinación interinstitucional den un poco de mayor resultado de lo que se ha tenido en otros años” mencionó Axel Romero, gerente de gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de Cámara de Industria para Fecaica.
En el área de occidente el contrabando en alimentos y bebidas es alto, sobre todo en pollo y huevos que por la pandemia se duplicó. Mientras que en el área de Belice e Izabal lo que más ingresa es tabaco. Así mismo, también debido a la pandemia, ha incrementado el contrabando de medicamentos.
“De acuerdo al observatorio que tenemos que Cámara de Industria, que alrededor de un 30% de las ventas totales de la industria del país corresponden a comercio ilícito” agregó Romero.
Según datos mencionados por Romero, con lo que se deja de percibir por el comercio ilícito se tendrían 7 mil 500 camas más al año en el servicio de salud mientras que, en educación, cuatro millones de jóvenes más podrían estudiar la secundaria.
Los países desde donde provienen los productos son México y Belice.
Esta es una problemática que pareciera no tener un fin cercano, sin embargo, se recomienda dar a conocer a la población que si se adquiere un producto de contrabando se está contribuyendo al crimen organizado.
Actualmente hacen acercamientos con alcaldías y líderes comunitarios para buscar alternativas de negocios y de adquisición de bienes y servicios para que no tengan como opción la necesidad a vincularse al comercio ilícito.
