Estados Unidos sancionó este martes a Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, así como a tres integrantes del Cártel de Sinaloa por su implicación en el tráfico de fentanilo.
Los sancionados, a los que se suman las empresas mexicanas Sumilab y Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras, son parte de una red del Cártel de Sinaloa supervisada por “Los Chapitos“, hijos del “Chapo”, y considerada responsable de una parte importante del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que Joaquín Guzmán López trabaja “en estrecha colaboración” con sus tres hermanos, todos ellos sancionados previamente, y es responsable de supervisar muchos aspectos del “imperio de narcotráfico“ de “Los Chapitos“.
Se le reprocha estar involucrado en la gestión de grandes laboratorios radicados en Sinaloa y en el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Otros dos sancionados este martes son Raymundo Pérez Uribe, líder de una red de suministro utilizada por el Cártel de Sinaloa para obtener precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, y Saúl Páez López, involucrado en la coordinación de cargamentos de drogas para sus primos, Ovidio y Joaquín Guzmán López.
El último es Mario Esteban Ogazón Sedano, quien opera laboratorios de drogas ilegales en nombre del Cártel de Sinaloa y tiene bajo su control la inmobiliaria también sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Joaquín Guzmán López fue acusado por primera vez de narcotráfico en 2018 y desde entonces ha sido imputado en distintas ocasiones, entre otras el pasado 14 de abril, cuando el Departamento de Justicia estadounidense apuntó también a los otros tres “Chapitos” y a una treintena de personas en total.
Está fugitivo y el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
Las sanciones de este martes, según el Ejecutivo estadounidense, han sido coordinadas de cerca con el Gobierno mexicano, incluida su Unidad de Inteligencia Financiera.
Como consecuencia de esas sanciones, todas las propiedades y activos que los implicados puedan tener en EE.UU. quedan congelados y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.
