El juez suspendió “los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución”, de acuerdo con el expediente 24/2023 del Juzgado Sexto del Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
Esto “para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”.
Asimismo, el magistrado concedió otro amparo para evitar la incomunicación del narcotraficante, lo que le permite contactarse con sus familiares y abogados defensores.
La decisión del juez parte de los recursos de amparo presentados por sus abogados defensores, quienes pidieron la suspensión del proceso de extradición.
El juez federal también instó al “actuario adscrito (funcionario competente) a que dé fe del estado físico del quejoso (detenido) y si a simple vista presenta huella de lesiones”.
El Ejército mexicano detuvo el jueves 5 de enero a Ovidio Guzmán en el norteño estado de Sinaloa y después lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde también estuvo recluido su padre, quien se fugó de ahí en 2015.
La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier relación entre los dos hechos.
Tanto López Obrador como el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, descartaron este viernes 6 de enero en la rueda de prensa diaria del Gobierno que la extradición se fuese a realizar por la vía rápida y estimaron que Estados Unidos tardará entre cuatro y seis semanas en presentar acusaciones penales contra el hijo del Chapo Guzmán.
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que Ovidio se enfrenta en México a acusaciones por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego, y también tiene investigaciones abiertas por delincuencia organizada.
Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019 y ofrecía US$5 millones por su captura desde diciembre de 2021, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez.
