“Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados”, afirmó Türk en un comunicado.
“Igualmente preocupantes son los ataques contra quienes intentan combatir contra uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción”, agregó.
Funcionarios de justicia y otras personas implicadas en la lucha contra la impunidad o en procesos anticorrupción han sido investigados, detenidos, acusados e incluso condenados por abuso de poder, obstrucción a la justicia y conspiración, señaló la nota oficial.
Otros han abandonado el país temiendo por su seguridad, indicó la oficina de la ONU, recordando que entre 2021 y 2022 documentó un aumento de más del 70 por ciento en el número de funcionarios de justicia que sufren intimidación o se enfrentan a cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o de abusos.
“Pido a las autoridades que tomen las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionen la protección necesaria a los funcionarios de justicia”, concluyó Türk.
En un comunicado, la ONu recuerda que el 16 de enero de este año, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, anunció órdenes de captura contra tres funcionarios de justicia. Uno fue miembro del personal de la Cicig, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por la ONU encargado de investigar y enjuiciar delitos graves en el país. El Gobierno cerró la CICIG en 2019.
El funcionario era Iván Velásquez, quien fungió como jefe de la Cicig y ahora es ministro de Defensa de Colombia.
El documento expresa que entre 2007 y 2019, la Cicig apoyó al sistema judicial nacional a tratar más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción y otros delitos penales que involucraban a funcionarios del Gobierno, miembros del Congreso y de las Cortes, y varios individuos del sector privado.
Recuerda que tras la disolución de la Cicig, se ha producido un aumento constante del número de casos de hostigamiento y acusaciones penales contra sus antiguos funcionarios y fiscales.
“Estos procesos judiciales y la falta de garantías al debido proceso socavan el estado de derecho en todo el país”, afirmó el Jefe de Derechos Humanos de la ONU.
