Estados Unidos restringió visas este sábado a cien funcionarios del mandatario nicaragüense Daniel Ortega por “ataques” a las libertades civiles, como la confiscación de bienes de una universidad jesuita y la detención del obispo Rolando Álvarez, anunció el jefe de la diplomacia, Antony Blinken.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por Estados Unidos y la Unión Europea.
El Departamento de Estado ha tomado medidas adicionales para que “se rindan cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a las libertades civiles”, afirma Blinken en un comunicado en referencia a la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo.
Washington impone “restricciones de visa a cien funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez”, añade, sin detallar los nombres de los sancionados.
El gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la Iglesia Católica.
El caso de Álvarez, detenido hace un año, es uno de los temas de fricción, en uno de los peores momentos de las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano.
Álvarez fue condenado en febrero a más de 26 años de cárcel tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.
En un mensaje en X (antes Twitter) el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó este sábado que Ortega y Murillo lo detuvieron “arbitrariamente” por “predicar justicia y paz para Nicaragua”.
La Universidad Centroamericana, una institución de los jesuitas, también sufrió un duro golpe esta semana, al suspender todas sus actividades después de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.
Blinken le advierte al gobierno de Ortega de que Estados Unidos seguirá trabajando “con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia” y apoyar “las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”.
