La denuncia fue presentada ante la CIDH el 7 de marzo por la organización Cristosal en representación de las 66 personas, pertenecientes a “comunidades organizadas del Bajo Lempa”, una zona ubicada en la parte sureste del país, indicó un comunicado dicha asociación.
Según Cristosal, esas personas, que actualmente están recluidas, fueron detenidas en distintas fechas durante el régimen de excepción por medio del cual el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa una “guerra” contra las peligrosas pandillas criminales.
El régimen de excepción, que está pronto a cumplir un año de vigencia a fines de marzo, permite arrestos sin orden judicial y se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.
Desde entonces han sido detenidas más 64.500 personas, la mayoría presuntos pandilleros, pero los métodos del gobierno de Bukele han sido cuestionados por organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch (HRW) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Los casos los hemos presentado ante la Comisión Interamericana, porque hemos argumentado que a las personas detenidas se les han violado varios derechos”, indicó en una rueda de prensa el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego.
“Se han violado los derechos a la libertad personal, al debido proceso, la garantía de un juez independiente e imparcial y el derecho a la defensa”, sostuvo Ábrego tras advertir que “lo que hay es una práctica arbitraria de detención de personas”.
Según Cristosal, los familiares de las 66 personas a las que representa no han recibido información sobre su condición de salud.
“Cristosal y los familiares de las víctimas solicitan a la CIDH que solicite al Estado salvadoreño tomar medidas para proteger la vida y la integridad de las víctimas durante su privación de libertad”, indicó el organismo en su comunicado.
