Apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional sentenciase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la resolución al desestimar el recurso presentado por la defensa del excoronel, que permanece en prisión desde 2017.
La sentencia, que llegó 32 años después de la matanza, consideró probado que los asesinatos fue urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía y del que formaba parte Montano, “quien participó en la decisión y junto a otros cuatro miembros de dicho Alto Mando, transmitió la orden de realizar las ejecuciones”.
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La matanza en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida como UCA tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
Ese día, en el marco de una ofensiva de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), efectivos del ahora proscrito Batallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y a dos asistentes que se encontraban en un centro pastoral en las instalaciones de la UCA.
Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad.
