El mandatario, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter una imagen que indicaba un “saldo de la cuenta” con un “pago pendiente” por 0.00483976 bitcóin y con un “minado pendiente (estimado)” de 0.00599179 bitcóin para totalizar 0.01083155 bitcóin.
Al valor actual en el mercado, esta cantidad de satoshis (unidad mínima de bitcóin) equivale a más de 500 dólares.
El proceso de minado del bitcóin consiste en el que los llamados mineros, mediante potentes equipos de computación, resuelven problemas matemáticos en la “blockchain” y quien lo hace más rápido recibe las nuevas criptomendas generadas.
El presidente afirmó que “todavía estamos probando e instalando, pero esta es oficialmente el primer minado de bitcóin” de energía de volcán.
Bukele no detalló el costo del equipo especializado adquirido para el minado, la cantidad de energía utilizada, el costo de las instalaciones o la cantidad de personas destinadas a esta actividad.
El Salvador es el primer país en tener el bitcóin como moneda de curso legal y en minar con recursos estatales el criptoactivo, pero las dudas generadas sobre su implementación continúan.
Recientemente, la unidad de información del estatal Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), que maneja un fideicomiso de 150 millones para la adopción del bitcóin, declaró que no posee un expediente que aclare su relación con la empresa Chivo, creada con fondos estatales y que administra la billetera digital gubernamental.
La Asamblea Legislativa aprobó el uso de más de 200 millones de dólares para la adopción del bitcóin en El Salvador, de los que se asignaron 150 millones de dólares a un fideicomiso -fondo- administrado por Bandesal.
Por otra parte, el Congreso de amplia mayoría oficialista desechó el martes una propuesta del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con la que se buscaba reformar la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
La misma buscaba que las plataformas dedicadas a las transacciones con bitcóin fueran obligadas a cumplir la normativa y reportar operaciones sospechosas. También pretendía que se sancionara el uso de criptomonedas de origen ilícito, según reportes de la prensa local. EFE
