El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este miércoles un sistema judicial “injusto” en su país, tras la decisión que bloqueó la derogación del programa DACA que otorga estatuto legal temporal a centenas de miles de jóvenes indocumentados, la mayoría latinoamericanos.
El magistrado William Alsup, de San Francisco, sorprendió al país la noche del martes al ordenar al ejecutivo “mantener el programa DACA a nivel nacional en los mismos términos y condiciones que tenía antes de ser suprimido el 5 de septiembre de 2017”.
Alsup aseguró en su resolución de 49 páginas que el argumento del Departamento de Justicia para eliminar este plan, apuntando que es ilegal, es “una premisa legal con fallos”.
La respuesta de Trump, como ya se tornó habitual, llegó por vía de un tuit demoledor.
“Queda claro que nuestro sistema judicial está quebrado y es injusto cuando la oposición en un caso (como DACA) siempre usa el Noveno Circuito [de la justicia, basado en San Francisco] y siempre gana, antes que eso sea revertido en cortes superiores”, apuntó el presidente.
La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó de “escandalosa” la decisión judicial.
Trump “trabajará con miembros de los dos partidos para alcanzar una solución permanente que corrija las acciones inconstitucionales tomadas por el anterior gobierno”, añadió Sanders.
A menos de que una corte de mayor rango anule la decisión del juez Alsup, los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) podrán renovar sus permisos.
Ese programa, aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012, protegía de ser deportados a miles de indocumentados que llegaron clandestinamente a Estados Unidos siendo niños, conocidos como “dreamers” (soñadores).
Responsabilidad del Congreso
Los legisladores del Partido Republicano presentaron el miércoles su proyecto de ley de reforma migratoria, que incluye una solución para los beneficiarios del DACA pero también garantiza fondos para construir el controvertido muro en la frontera con México.
“El presidente indicó que nuestro proyecto de ley es el punto de partida para corregir las fallas en nuestro sistema migratorio”, dijo a la prensa el legislador Bob Goodlatte, autor del documento.
Aún si este proyecto de ley resulta aprobado en la Cámara de Representantes, tendrá un camino difícil en el Senado, donde los Republicanos precisarían de los votos de por lo menos nueve demócratas.
El proyecto de ley incluye ideas fundamentales al movimiento conservador estadounidense, como el fin de las llamadas “ciudades santuario” (que no cooperan con las autoridades migratorias) y cierra las puertas a un camino de los inmigrantes legales a adquirir la ciudadanía estadounidense.
Los líderes republicanos quieren que sea una ley independiente, mientras hay demócratas que buscan adjuntarla al paquete sobre el gasto federal que debe aprobarse antes del 19 de enero para evitar el cierre del gobierno.
El tema del DACA “no será parte de ningún acuerdo general del gasto”, aseguró a periodistas el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, optimista sobre lograr un resultado antes de marzo.
Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional Legal por los Inmigrantes (NILC, en inglés), dijo el miércoles que es imperativo que el Congreso asuma la responsabilidad de resolver esta situación.
“La decisión del juez Alsup reconoce el impacto dañino del fin del DACA para familias y comunidades. Es tiempo que el Congreso reconozca lo mismo”, subrayó.
“Más de 15.000 personas, 850 por semana, han perdido su estatuto desde la derogación del DACA en septiembre (del año pasado). Sabemos que la urgencia es real porque éstas son nuestras vidas”, dijo a su vez Adrián Reyna, de la ONG United We Dream.
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