El atraso en el pago de Q54 mil por 18 meses del servicio de energía eléctrica en la sede de la Subdirección General de Investigación Criminal (SDGIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), en Puerto Barrios, Izabal, causó que esta semana el personal de la Empresa Eléctrica Municipal (EEM) cortara el servicio.
Según personal de la EEM de Puerto Barrios, el suministro fue suspendido debido a que el Ministerio de Gobernación adeuda Q54 mil correspondientes a 18 meses.
“Con la suspensión del suministro los procesos de investigación se han atrasado, ya que no podemos abrir expedientes, ni recibir denuncias. Llevamos una semana elaborando los documentos a mano, pero lo que más preocupa es que no se pueden enviar vía internet a la sede central para que les den el seguimiento respectivo”, dijo un agente.
Manifestó que las autoridades departamentamentales y municipales reportan los problemas que afrontan, pero en la sede central de la capital no le dan trámite a las necesidades necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.
“Hacemos lo que podemos y en muchas ocasiones es de nuestro bolsillo que aportamos para hacer compras. Nos exigen buenos resultados, pero no nos dan los instrumentos necesarios para cumplir”, agregó.
Otras carencias
Un investigador manifestó que en varias ocasiones han optado por recolectar dinero para comprar tinta, papel, reparar los autopatrullas y hasta combustible para atender a los ciudadanos.
Agente policia
“Hacemos lo que podemos y en muchas ocasiones es de nuestro bolsillo que aportamos para varias compras. Nos exigen buenos resultados, pero no nos dan los instrumentos necesarios para cumplir”.
“Debemos invertir en teléfonos porque el Ministerio de Gobernación no nos proporciona ese servicio y todos los agentes deben reportar novedades de forma inmediata, y para cumplir con ello, recargan sus móviles de su salario. Esta situación afecta nuestros bolsillos; sin embargo, lo hacemos por el bien común y amor a nuestro trabajo. Es urgente que las autoridades atiendan el problema”, expresó.
Añadió que por tratarse de una entidad estatal la empresa eléctrica ha tenido consideración, pero no es justo que sigan sin pagar.
Sonia Portela, comerciante, manifestó: “La ola de violencia cada vez incrementa y qué pena que quienes nos deben brindar seguridad y esclarecer crímenes estén en peores condiciones que nosotros. La delincuencia saca ventaja de nuestras autoridades”.
- Con información de Dony Stewart, Prensa Libre.
