El Organismo Ejecutivo mostró su postura en respeto a las declaraciones de la fiscal general Thelma Aldana que dijo que no ve al presidente Jimmy Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción en el país. Su defensa (del Ejecutivo), fue que no comparten la interpretación de la encargada de la persecución penal, porque se amplió el mandato de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, Cicig.
“Somos respetuosos de las manifestaciones y de las declaraciones de la fiscal haya pronunciado como funcionaria pública, aunque no las compartimos porque el presidente ha girado instrucciones a todos sus ministros de luchar contra la corrupción y la impunidad desde cada uno de sus ministerios”, agregó Hiemann.
Acciones del 2017 demuestran lo contrario
No obstante la vicecanciller Alicia Castillo Sosa, envió una misiva al comisionado de la Cicig, donde le pidió no inmiscuirse en asuntos internos del Estado.
El 27 de agosto del 2017, el presidente Morales declaro persona “non grata” al comisionado Velásquez y pidió que abandonará el territorio guatemalteco.
El 03 de octubre del mismo año, señaló a la Cicig, de efectuar investigaciones selectivas y politizar la justicia.
Pronunciamiento de ONU
El 18 de septiembre pasado, ante la tensión de la situación, las naciones unidas (ONU), se pronunció condenado las acciones del presidente Jimmy Morales y las catalogó como una bofetada a la rendición de cuentas.
Portavoz presidencial asegura que respeta pero no comparte las declaraciones de la fiscal general. @Guatevision_tv pic.twitter.com/Blo6Lu8uCy
— Chris Martínez (@CMtrejo00) January 15, 2018
