Los oficialistas la tildan de “traidora” y hasta de “loca”. Sus seguidores destacan su coraje y firmeza. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una veterana chavista que pasó de inquisidora de opositores a ser el principal dedo acusador contra el presidente Nicolás Maduro.
Esta abogada de izquierda de 59 años, apoyó al expresidente Hugo Chávez (1999-2013) desde su campaña presidencial y ahora libra una batalla legal contra decisiones de la corte -acusada de servir al gobierno- por considerar que violan la Constitución.
Ortega quedó este martes al borde de su destitución por parte del máximo tribunal. Pero asegura nada la va a intimindar.
“Es una persona con mucho temple, valiente y honesta. Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores”, comentó a la AFP su esposo desde hace 18 años, el diputado chavista Germán Ferrer.
Nicmer Evans, politólogo chavista pero crítico de Maduro, coincide en que “es una mujer firme, con voluntad, carácter y criterio, que asume posturas a todo riesgo”.
“No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con violencia y dolor (…). Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción”, dijo este martes al negarse a acudir a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que evalúa si le abre un juicio que llevaría a su destitución.
La funcionaria, a quien le gusta comer sano y ejercitarse caminando, no tiene hijos, pero ha denunciado amenazas contra familiares y responsabilizó al gobierno por lo que les pueda ocurrir.
El divorcio
Ortega es una rubia de ojos claros, sobre los que lleva gafas; viste sobria, siempre con chaqueta y pantalón. Tiene dos especializaciones, una en derecho procesal y otra en derecho penal.
El llamado “antejuicio de mérito” en su contra es el clímax de la pelea judicial que inició hace tres meses contra los fallos del TSJ y sus magistrados, a quienes pidió remover afirmando que ella nunca aprobó su designación, como exige la ley.
El diputado chavista Pedro Carreño asegura que Ortega “mintió” pues sí validó la designación, y por eso pidió enjuiciarla. La corte, que decidirá en los próximos cinco días si autoriza el juicio, ya le congeló los bienes y le prohibió salir del país.
El divorcio entre Ortega y el chavismo inició cuando consideró una “ruptura del orden constitucional” una decisión con la que el TSJ se adjudicó brevemente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora.
“Ella representa al chavismo democrático frente a las pretensiones totalitarias del madurismo”, señaló Evans.
La funcionaria, a quien Maduro señala de tener ambiciones presidenciales y de ser líder de la oposición, trabaja en el Ministerio Público desde hace 15 años.
En 2002 fue nombrada fiscal por Caracas; en 2007, con el aval de Chávez, asumió como fiscal general para un periodo de siete años, y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.
El poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, pidió disculpas por haber permitido que fuera designada fiscal cuando él presidía la cámara.
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