Activistas denuncian que el complejo hidroeléctrico Renace afecta la vida de casi 30.000 indígenas quekchíes RENACE
El río Cahabón es uno de los más extensos y caudalosos de Guatemala. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal.
Sagrado para las comunidades indígenas que viven en su cuenca, se ha convertido en motivo de discordia para organizaciones ambientalistas que cuestionan la forma en que se está intentando utilizar.
Una obra, ya finalizada en tres de sus cuatro fases, está en el centro de la polémica y su construcción está a cargo de una empresa cuyo propietario es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Se trata del complejo hidroeléctrico Renace, que se compone de cuatro centrales sobre el río, tendrá una capacidad de generar 305 megavatios y, para cuando esté finalizado en el primer trimestre de 2018, será capaz de satisfacer el 15% de la demanda eléctrica del país.
Una organización no gubernamental española y un colectivo ambientalista guatemalteco exigen la suspensión de la construcción hasta tanto no se realice un estudio de impacto ambiental que abarque todas las fases de Renace y denuncian que el río se está secando, algo que la compañía desmiente.
Los activistas también denuncian que el complejo hidroeléctrico afecta la vida de casi 30.000 indígenas quekchíes que viven en zonas cercanas al Cahabón, unos 220 kilómetros al norte de la capital del país.
Sagrado para las comunidades indígenas que viven en su cuenca, el río Cahabón se ha convertido en motivo de discordia para organizaciones ambientalistas. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD.
“Campaña”
Para la empresa responsable del proyecto las acusaciones forman parte de una campaña orquestada para “ocasionar daño”.
“No vemos que tengan una buena intención, no es que llaman al diálogo, no es que buscan llevar oportunidades a la comunidad de la zona: es un ataque frontal contra nosotros, vemos muy malas intenciones y muy mala fe en todo esto”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Méndez, presidente de la Unidad de Energía de Corporación Multi Inversiones (CMI).
Para CMI, detrás de las críticas al proyecto, hay “grupos que están en contra del desarrollo y de la inversión privada”. RENACE
CMI es un poderoso consorcio empresarial surgido en los años 20 con presencia en 13 países y cuyos negocios incluyen molinos, la industria pecuaria, las finanzas, el sector energético, así como la conocidas cadena de restaurantes Pollo Campero.
La construcción de las tres últimas fases del proyecto Renace ha estado a cargo del Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios) a través de su subsidiaria Grupo Cobra. ACS tiene como presidente a Florentino Pérez y, de hecho, visitó Guatemala en 2014 para presentar la inauguración de Renace II.
Méndez considera que se está utilizando la imagen del directivo del Real Madrid para “beneficio mediático” y que se lo usa para perjudicar al proyecto.
Grupo Cobra en Guatemala no respondió una solicitud de una entrevista y por teléfono una representante de la empresa explicó que la compañía no podía dar información porque eso era responsabilidad del contratista.
Grupo ACS en España no respondió una solicitud de una entrevista. Y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala (CNEE), tampoco.
¿Paralización de las obras?
Almudena Moreno, coordinadora del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la Alianza por la Solidaridad (ALS), con sede en Madrid, considera que el complejo Renace debe ser revisado y pide que se detengan las obras.
Una organización no gubernamental española y un colectivo ambientalista guatemalteco demandan la suspensión de la construcción hasta tanto no se realice un estudio de impacto ambiental que abarque todas las fases de Renace. RENACE
“Lo que era una muy buena idea de proyecto de inversión no ha cumplido con las condiciones mínimas para asegurar que tenga impactos positivos sobre el medio ambiente y la población local”, le asegura a BBC Mundo.
Uno de los principales cuestionamientos de la organización, autora del informe “La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala”, es que no se ha realizado un estudio de impacto ambiental que abarque la totalidad del proyecto.
“Se ha ido haciendo por fases y por tanto está alejado de la realidad porque los impactos sociales y ambientales no se pueden trocear“, explica Moreno, “por eso lo que nosotros pedimos es que se paralicen las obras hasta que se evalúa el impacto de todo el complejo y no sólo fase a fase”.
La compañía hace hincapié en que la ley los obliga a hacer los estudios de impacto ambiental de forma “separada” y que es potestad del Ministerio de Medio Ambiente realizar un estudio acumulativo.
“En el proyecto Renace no hay tales efectos acumulativos (…) porque no hay una acumulación de impacto ambiental por cada kilómetro de río“, apunta Méndez, quien agrega que la solución al diferendo no pasa por poner un alto a la construcción porque no se trata de un asunto ambiental ni social, “es un tema político”.
Para CMI detrás de las críticas al proyecto hay “grupos que están en contra del desarrollo y de la inversión privada”.
“Despojo sistemático”
“La manera en que se ha llevado este proyecto en Guatemala es ejemplar”, señaló Florentino Pérez cuando visitó el país al hablar sobre los avances de la obra y cómo se había gestionado el proyecto con las comunidades aledañas.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. AFP/JOHAN ORDONEZ
Y el propio Méndez habla de una relación “magnífica” con las comunidades indígenas.
Pero en el departamento de Alta Verapaz, uno de los más pobres del país, donde se asienta el proyecto, no todos están de acuerdo.
El activista Julio González, del Colectivo Madreselva, le dice a BBC Mundo que el complejo afecta unos 30 kilómetros del río y que ha habido un “despojo de tierras” a comunidades cercanas.
“Hay un despojo sistemático de los bienes naturales del país por parte grupos empresariales”, señala y dice que “no hay ningún beneficio para la población, son empresas que están lucrando a partir de utilizar un bien público y no están dejando mejores condiciones de vida para las comunidades”.
“Ellos mantienen un plan de responsabilidad social empresarial que tiene como fin dar dádivas, son unos proyectitos con el fin de mantener a la gente tranquila”, agrega.
Resistencia
En un informe divulgado este mes por CMI llamado “Renace: ‘Una apuesta por el futuro’. Respuestas a la campaña de desinformación promovida por grupos interesados”, se asegura que 15.000 personas se benefician anualmente con empleos, que han construido carreteras rurales y 14 escuelas, y que han implementado siete programas de desarrollo social.
Pero González también denuncia la existencia de amenazas y la criminalización de líderes indígenas que cuestionan el proyecto Renace.
El Consejo del Pueblo Maya, que agrupa a comunidades de la zona, divulgó un video en Facebook donde cuestionan a las autoridades.
Activistas dicen que ha habido un “despojo de tierras” a comunidades cercanas. Consejo Pueblo Maya Quekchí.
“El Estado ha olvidado a estas comunidades y ahora nos organizamos en la defensa del territorio y nos declaramos en resistencia contra las empresas que pretenden criminalizar la defensa del río Cahabón”.
En las últimas semanas han aparecido “panfletos anónimos” con “graves acusaciones” y “delitos de todo tipo” contra algunos de los principales opositores a Renace.
Uno de los líderes indígenas es Bernardo Caa Xol, quien le dice a BBC Mundo: “Han organizado una campaña de calumnias y difamación por estar en contra de las hidroeléctricas en el Cahabón”.
“Con un atentado contra mi vida buscarían silenciar la voz de las comunidades que se oponen a las hidroeléctricas. Es posible”, remata.
Las autoridades no se han expresado al respecto y no está claro quiénes están detrás de las advertencias. Por lo pronto, aunque algunas organizaciones han solicitado que se paralicen las obras, el complejo sigue su curso y no hay señales de que el gobierno vaya a intervenir de una u otra forma.
La empresa espera culminar la cuarta central hidroeléctrica en 2018 y, por el momento, nada parece detener la marcha de Renace.
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