La justicia británica decidirá el 13 de febrero si es de interés público mantener la orden de detención de Julian Assange, se supo en la audiencia judicial celebrada este lunes en Londres.
La juez Emma Arbuthnot, que este martes decidió que la orden de detención seguía siendo válida desde un punto de vista legal, se pronunciará ahora sobre su utilidad pública a petición de los abogados de Assange, que lleva ya más de cinco años recluido en la embajada de Ecuador, y Suecia ya no lo reclama como sospechoso de unos delitos sexuales.
“No estoy convencida de que haya que retirar la orden”, dijo este martes Arbuthnot descartando hacerlo por razones estrictamente legales, aplazando así la posibilidad de que el fundador de Wikileaks pudiera salir libremente a la calle.
Sospechosos de delitos sexuales
Assange buscó refugio en la embajada huyendo de una orden de arresto europea porque Suecia le reclamaba como sospechoso de delitos sexuales.
La justicia sueca abandonó la investigación, pero la policía británica quiere aún detenerlo por haber vulnerado los términos de su libertad condicional.
Assange teme dejar la embajada, ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de este país.
El lunes se abrió una puerta al caso del fundador de Wikileaks cuando la Alta Corte de justicia bloqueó la extradición a Estados Unidos del presunto hacker Lauri Love.
Le reclamaba por haber penetrado en los sistemas informáticos de la NASA y el Pentágono, entre otras organizaciones.
En una audiencia la semana pasada, el abogado del fundador de Wikileaks, Mark Summers.
Sostuvo que la orden de detención “perdió su propósito y función” después de que la justicia sueca abandonase su investigación.
Summers estimó que Assange, de 46 años, ha estado viviendo en condiciones “similares al encarcelamiento” y que su “salud psicológica se ha deteriorado” y “está en peligro”. Sin embargo, el fiscal Aaron Watkins consideró “absurda” la demanda.
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