Un juez de la corte suprema de Brasil negó este viernes un recurso presentado por el expresidente Lula que busca mantenerlo fuera de prisión mientras que los tribunales superiores del país no confirmen su condena a más de 12 años por corrupción.
Aunque la decisión constituye una nueva derrota judicial para el popular exmandatario (2003-2010), la última palabra la tendrá el plenario de 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), que deberá decidir si acepta el habeas corpus preventivo.
La posibilidad de que Lula vaya a prisión después de haber sido condenado el mes pasado en segunda instancia mantiene en vilo al país ya que, pese a su complicada situación judicial, el líder de la izquierda lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre.
La decisión del juez Edson Fachin “dará al plenario del STF la oportunidad de aplicar la Constitución Federal, especialmente en lo que se refiere a la garantía de la presunción de inocencia hasta que haya una decisión final” inapelable, afirmó la defensa de Lula en un comunicado.
Se espera que este recurso reabra el debate dentro del STF, el máximo tribunal del país, sobre cuándo deben comenzar a purgarse las penas de prisión.
Juez podría enviarlo a prisión en los próximos meses
En 2016, el STF consideró, por seis votos contra cinco, que a partir de una condena de segunda instancia los sentenciados ya pueden empezar a cumplir su tiempo tras las rejas.
Pero desde entonces, un nuevo magistrado ingresó a la corte y al menos un juez manifestó públicamente haber cambiado de postura, abriendo la posibilidad de que el tema se discuta nuevamente.
La defensa de Lula alega que la prisión a partir de la segunda instancia viola el principio constitucional de presunción de inocencia y que el líder de la izquierda fue juzgado sin pruebas, por jueces carentes de imparcialidad.
Si el STF no modifica su postura, Lula podría ir a prisión en los próximos meses, después que se agoten los pocos recursos que le restan dentro del tribunal de apelaciones que confirmó su sentencia.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento tríplex ofrecido por una firma constructora para obtener contratos en Petrobras.
