[SANTA ROSA] Hospital Nacional por fuera, corrupción desmedida por dentro
El Ministerio Público investiga el caso de un hospital que por años funcionó como casa de negocios anómalos. Las secuelas aún son perceptibles.
Caminar por las calles de Santa Rosa es siempre un tanto inquietante, a pesar de la cercanía con la ciudad, sus calles saben a territorios partidos y repartidos por los poderes políticos.
Al llegar al hospital nacional, cuyo fin debiese ser exclusivamente la atención a los enfermos, las cosas no cambian.
El Hospital Nacional de Santa Rosa, ahora funciona como tal, pero hace poco más de un año era el cascaron de una serie de negocios anómalos.
La anterior administración del hospital barrió con casi todo, incluso con los documentos.
“Encontramos proveedores que no aparecieron las facturas y que no se les pudo pagar porque no tienen la documentación de respaldo necesaria” sostiene Margarita de Polanco, actual directora del hospital.
Medicinas vencidas y otras anomalías
El exdirector, Byron Emilio Velásquez, puesto por el gobierno Patriota, dejó bodegas llenas de insumos vencidos que además eran reportados como inexistentes, productos sin factura, deudas a proveedores que nunca entregaron nada, compras sobrevaloradas, como la remodelación de un comedor que ahora resulta inservible, pues fue una remodelación de cartón.
“Yo considero que sí había un desorden administrativo. por qué, no le puedo decir porque no estaba en el hospital en ese momento” añadió Polanco.
Por otra parte, fuentes cercanas al Ministerio de Salud Pública y a Noticiero Guatevision refieren a las autoridades locales como responsables de lo ocurrido, entre ellos, el exalcalde de Barberena, Rubelio Recinos, su esposa, la diputada Aracely Chavarría, quien este año tomará posesión como parte de la junta directiva del congreso, sus hijas Alma Alejandra Recinos y María de los Ángeles Recinos, quienes trabajaron para el Ministerio de Salud en Santa Rosa.
Además, empresas vinculadas a ellos, como el Hotel y Restaurante El Puente, fueron beneficiadas con contratos con el hospital.
La diputada Chavarría indicó que su familia ha sufrido de persecución política y que finalmente, nada de lo que se les señala ha sido comprobado.
Dentro y fuera del hospital, al consultar con la población de Cuilapa sobre lo ocurrido, la primera frase que viene a sus mentes es: plazas fantasma.
Pero la situación resulta más crítica de lo que parece. Según la defensoría de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, durante el periodo de la anterior administración recibieron 180 denuncias relacionadas al Hospital de Santa Rosa y al menos 400 personas se vieron gravemente afectadas.