La cúpula empresarial de Guatemala presentó este jueves un recurso ante la máxima instancia judicial del país para revertir la suspensión temporal de una mina de oro San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources.
“Vemos una decisión arbitraria e irresponsable de los operadores de justicia”, afirmó el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Antonio Malouf, quien apeló la suspensión ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el pasado 22 de junio una resolución que suspende temporalmente dos licencias de extracción minera a la empresa San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources de Canadá.
En el sistema judicial guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad está por encima de la CSJ.
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La suspensión temporal fue adoptada tras un amparo presentado por la asociación civil Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) contra las operaciones de la minera, al considerar que la empresa canadiense no consultó a los pobladores del sitio de las minas si aceptaban el proyecto.
Según CALAS, la empresa incurrió en discriminación al pueblo indígena xinca que vive en las zonas de la mina, al no consultarles sobre el proyecto.
Pero Malouf afirmó que la resolución de la CSJ “es incongruente con lo resuelto por la CC en casos similares”.
“Los fallos de las cortes no pueden atentar contra derechos fundamentales de ciudadanos, tales como trabajo y la libre empresa”, puntualizó.
La explotación minera y la construcción de hidroeléctricas han generado en Guatemala fuerte oposición de ambientalistas, campesinos e indígenas, que consideran esos megaproyectos como serias amenazas al medio ambiente.
© Agence France-Presse
